El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Generalitat a preparar el "cierre, clausura y precinto" de la cementera de Lafarge, en Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Así consta en el último auto sobre este histórico litigio en el cual ha tenido acceso la ACN, donde también se apunta que el paro definitivo de la planta queda "aplazada" hasta que la sentencia del pasado mes de octubre en la cual se declaraba nula la licencia concedida a Lafarge sea firme y "a expensas de lo que el Tribunal Supremo pueda resolver ante una eventual casación". Por su parte, el Departament d'Acció Climàtica ha explicado a la ACN que no se hará ningún trámite para cerrar la cementera hasta que se agote el recorrido judicial de la última sentencia, de momento.
Paralelamente, la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha instado a la Generalitat a trabajar para recolocar a los trabajadores de Lafarge en caso de que finalmente tenga que cerrar su actividad. "Entendemos la preocupación de los trabajadores, nosotros hemos demostrado que somos un equipo de gobierno que se preocupa por los trabajadores del municipio en numerosas ocasiones, y lo que hacemos es instar a la Generalitat y a la dirección de la empresa para que garanticen el futuro laboral de los empleados", ha destacado a la alcaldesa. Así, ha trasladado más presión sobre el ejecutivo catalán, ya que fue la responsable de la "inseguridad jurídica que sufren los trabajadores".
Disputa entre los trabajadores y el ayuntamiento
Una representación de la plantilla se ha concentrado ante el consistorio y ha cortado durante dos horas la calle para reclamar que el ayuntamiento no insista en el cierre de la planta. "Queremos que nos den una explicación de por qué quieren que la cementera cierre, sabemos que todo viene de un error en la tramitación ambiental por parte de la Generalitat, y eso lo aprovecha el Ayuntamiento para pedir el cierre de la fábrica", ha lamentado en declaraciones en la ACN la presidenta del comité de empresa de Lafarge, Conxi Jiménez. Campos ha invitado a la delegación de treinta personas a reunirse con ellos a puerta cerrada, pero el encuentro no ha dado los resultados deseados por ninguna de los dos lados.
El fracaso de la reunión ha llegado, por una parte, porque los trabajadores no han obtenido la retractación que buscaban de la alcaldesa. Por otra, el gobierno municipal no ha conseguido calmar los ánimos de los empleados, que han mantenido la protesta en la puerta del ayuntamiento. "300 familias nos quedaremos en la calle, nosotros somos las víctimas", ha recordado Jiménez. La representante de los trabajadores también ha señalado que no se descartan nuevas movilizaciones, incluso en la puerta del Palau de la Generalitat, para reclamar que el Govern haga lo que sea necesario para evitar el cierre de la cementera.
Los vecinos, satisfechos
El Departament d'Acció Climàtica no hará ningún movimiento para cerrar la fábrica hasta que no haya una sentencia firme, tal como han adelantado fuentes de la conselleria a la ACN. Asimismo, el Ayuntamiento de Montcada i Reixac ha advertido que la planta no bajará la persiana de un día para el otro. "El recorrido jurídico no ha acabado, en el auto se deja suspendido el cierre hasta que no se resuelva la sentencia de la demanda vecinal a través de la Plataforma Antiincineración", ha señalado la alcaldesa. Tanto es así que todavía hay margen de actuación por parte de la Generalitat hasta que la sentencia no sea firme. "Tienen posibilidades de entrar un recurso de casación y también de tramitar una nueva autorización ambiental, y parece que se podría ser a tiempo para tramitar esta nueva licencia, porque va para largo", ha apuntado Campos.
Finalmente, los vecinos de Casa Sant Joan han recibido la noticia muy positivamente. "Es la primera vez que el TSJC dice que una empresa no puede trabajar sin un permiso ambiental, y que lo que hay que hacer es clausurarla", ha remarcado el presidente de la asociación, José Luís Conejero. Al mismo tiempo, ha asegurado que los vecinos "están deseando que la fábrica cierre", ya que "contamina y se encuentra demasiado cerca de la población". Sin embargo, Conejero ha reconocido que la burocracia puede hacer lento el camino: "Habrá que esperar que la sentencia sea firme". Por su parte, la empresa ya manifestó la semana pasada su petición a la Generalitat para que se dé tanta prisa como pueda al terminar una nueva tramitación, la última posibilidad de mantener la actividad en Montcada, donde se ubica desde el año 1917.