Nueva escuela afectada por el 25% de castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado este viernes la medida cautelar que impuso en el aula de una la escuela Josefina Ibáñez de Abrera (Baix Llobregat), para que imparta al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Así lo indica el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo consultado por Europa Press, con el que rechaza el recurso de la Conselleria de Educació de la Generalitat, presentado el 20 de julio de este año, que pidió revocar la obligatoriedad que el tribunal había fijado. Esta nueva interlocutoria se suma a las de seis escuelas conocidas este jueves y a las dos de la semana pasada, en los que el tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido, ratificando las medidas cautelares impuestas.

Nueva escuela con el 25% en castellano

En el auto, los magistrados argumentan que la sentencia dictada en este recurso es firme una vez el Tribunal Supremo "rechazó el recurso de casación que la demandada interpuso contra la misma", por lo que no procede la revocación de la medida cautelar. Aun así, ante esta interlocutoria puede presentarse recurso de reposición. La resolución sobre la escuela de Abrera anulaba el proyecto lingüístico del centro porque considera que no contempla el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán. Cuando el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite el recurso del Departament de Educació contra la sentencia que obligaba a aplicar el 25% de castellano, el TSJC declara firme esta otra sentencia sobre un centro concreto.

Educació tendrá que responder en 10 días

Así, y tras la publicación de la interlocutoria, el TSJC establece un plazo de 10 días para que Educació comunique que la ha recibido. El Departament también tendrá que informar en 10 días sobre cuál será el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia, y puede presentar recurso de reposición en 5 días. En mayo, el Govern aprobó, en respuesta a la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano, un decreto ley que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza y que fija el catalán como lengua vehicular, y el mismo conseller de Educació, Josep González Cambray, aseguró que no se llevaría a cabo en ningún centro escolar de Catalunya.