La Fiscal jefe de Barcelona, Anna Maria Magaldi, investiga al exalcalde Xavier Trias por haber pagado el alquiler del denominado Banc Expropiat de Gràcia a la empresa propietaria del local. El escrito de la Fiscalía acusa a Trias de un presunto delito de malversación de fondos públicos y dice que el ex alcalde firmó el contrato de alquiler de 65.500 euros para evitar el desalojo y posibles disturbios.

El Ministerio Público actúa de oficio a partir de las diferentes noticias que han salido estos días a la prensa. Según el escrito del fiscal, Trias firmó el contrato de alquiler en 2014 con la empresa propietaria del Banc Expropiat, Antartic Vintage SL. Los plazos del contrato fijaban el pago del alquiler por parte del Ajuntament hasta este 2016. La Fiscal jefe también subraya que el nuevo equipo de gobierno de Ada Colau no ha renovado el contrato.

La Fiscalía ha abierto diligencias contra Trias y ha ordenado a la Policía Nacional que investigue los hechos. El Ministerio Público puede ordenar a cualquier cuerpo de seguridad que actúe como policía judicial y Anna Maria Magaldi ha escogido a la policía española. 

Un contrato aireado a los cuatro vientos

Estos días de disturbios en Gràcia a raíz del desalojo se ha filtrado por las redes extractos del contrato de arrendamiento que firmó Trias en 2014. La Directa lo publicó íntegramente. 

Ha sido a partir de estas informaciones, que la Fiscalía ha sacado adelante una investigación de oficio que pone al descubierto la estrategia de Xavier Trias justo después de los disturbios de Can Vies. El exalcalde venía de una dura negociación con los activistas del casal autogestionado de Sants y 4 días de graves disturbios y desperfectos en aquel barrio. 

El inminente desalojo del Banc Expropiat de Gràcia, okupado desde 2011, le abría otro frente convulso a seis meses de las elecciones municipales. Trias firmó entonces un contrato con la empresa propietaria del Banc Expropiat que prorrogaba la fecha del desalojo inicialmente prevista entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 2014.

El contrato justifica la prórroga del desalojo para poder negociar con los okupas y pone por escrito los temores de Trias de nuevos enfrentamientos. Durante este año y medio, sin embargo, las negociaciones, si ha habido, no han llevado a ningún sitio. Y el contrato ha representado en la práctica un pago del alquiler para los activistas que vivían y hacían actividades de ayuda social en el Banc Expropiat.

Este año la prórroga del desalojo para poder negociar se acabó y el juez volvió a fijar un plazo para echar a los okupas del Banc Expropiat. El nuevo gobierno de Ada Colau no renovó el contrato, dejó de pagar el alquiler, y tal como estaba previsto desde 2014, el juez ordenó el desalojo. Este se hizo el lunes y ha inmerso el barrio en la ola de disturbios que empezaron el lunes y que, en principio, se podrían alargar toda la semana.

.