Tres de los investigados por la huelga general del 3-O en Tarragona se han negado a comparecer este jueves ante el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, que los había citado a declarar por un presunto delito de desórdenes públicos. Se trata de Laia Estrada y Jordi Martí -los dos concejales de la CUP en el Ayuntamiento- y Santi Fortuny, vinculados también a movimientos de la izquierda independentista y a colectivos anticapitalistas.
Los tres han justificado que no comparecerán voluntariamente ante el juez porque consideran que el proceso responde a un "montaje" policial y judicial de tipo político. En caso de que se dicte una orden de detención, han garantizado que no prestarán declaración. Según han denunciado, se les acusa de ser los "cabecillas" de las actuaciones enmarcadas en la jornada de huelga, aunque no fueron a los convocantes ni tampoco se los identificó.
Los otros dos investigados, José Estrada y Antonio Mota, sí que se han personado en el juzgado, pero se han acogido a su derecho de no declarar. El letrado que los defiende de forma conjunta, Carles Perdiguero, ha solicitado el archivo de la causa.