Un tope de 22 alumnos por aula en primaria —frente a los 25 actuales— y de 25 en la ESO —frente a los 30 actuales—, y en los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como dos plazas. El Gobierno recoge la reiterada demanda del profesorado y los centros educativos de bajar ratios para poder dar una mejor atención al alumnado y ha aprobado este martes el anteproyecto de ley. Una norma que prevé también regular la jornada lectiva del profesorado para homogeneizar criterios entre autonomías. En Catalunya algunas de las medidas ya se aplican y otras ya estaban previstas: hace años que se aplica una ratio de 20 alumnos o menos en los grupos que empiezan en I3, sobre todo en los centros públicos. Sin embargo, es cierto que a pesar de los planes y la voluntad de reducción, en la ESO catalana la ratio es en muchos grupos de al menos 30 alumnos.
El Gobierno hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas la adoptaron, por eso ahora con este anteproyecto se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar la homogeneidad en todo el territorio estatal. El texto del anteproyecto de ley continuará la tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de ley y su remisión al Congreso. Durante el proceso, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas.
Horas lectivas: 23 h en Infantil y Primaria y 18 h en secundaria
El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, se puede alcanzar un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada período lectivo adicional. El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado con necesidades especiales entren en vigor el curso 2026-2027. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: el curso 2027-2028 en Infantil y Primaria; el 2028-2029 en Secundaria; y el 2029-2030 en Bachillerato, y se conseguirá su plena aplicación el curso 2031-2032.
Se creará un índice de vulnerabilidad
Por otro lado, el Ministerio de Educación y FP ha anunciado que trabaja con el INE para desarrollar un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de complejidad especial. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables —como el contexto socioeconómico del hogar, entre otras— establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante. Este anteproyecto de ley prevé que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se desarrollarán recursos como este para esta tipología de centros educativos. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado que la intención es "revertir los recortes del 2012", con el gobierno del PP.