Operación de los Mossos para dar seguridad al desalojo de esta mañana de jueves de los bloques ocupados de la Mina. La comitiva judicial, acompañada de un amplio dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra, ha llegado esta mañana al barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, para ejecutar los primeros desalojos de los pisos ocupados de los conocidos como Blocs de la Rambla. Se trata de los tres primeros lanzamientos de un total de 58 previstos en este conjunto de viviendas públicas, ocupadas desde el año 2017 y que ahora el Consorci de la Mina quiere recuperar para poder realojar a vecinos afectados por el futuro derribo del bloque Venus, una de las piezas clave del proyecto de transformación urbanística del barrio. El dispositivo se ha desplegado con varios furgones del ARRO de los Mossos y ha topado con una concentración de unas cuarenta personas en las puertas de los bloques, que habían colocado vallas de obra para intentar impedir la entrada de la comitiva judicial. Los agentes, después del intento de mediación de agentes negociadores de los Mossos, han retirado los elementos que bloqueaban el acceso y han acabado derribando la puerta para poder hacer efectivo el desalojo.
La desidia de la administración, ahora un problema
Los pisos forman parte de un parque público construido en el año 2010 con el objetivo, precisamente, de facilitar el realojamiento de los vecinos del bloque Venus dentro del mismo barrio. Aquel proceso, sin embargo, quedó encallado por las desavenencias entre administraciones y vecinos sobre los criterios y las condiciones del realojamiento. Las viviendas acabaron vacías durante años y, el verano de 2017, empezó una ocupación masiva de los bloques. Aunque inicialmente había vigilancia permanente, esta desapareció después de que estallara un caso de desvío de fondos públicos a clanes familiares de etnia gitana encargados de este servicio.
Según el autodenominado Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs, dos de los tres desalojos previstos este jueves afectan a familias con niños a cargo que no tienen ninguna alternativa habitacional. El colectivo denuncia que estas familias llevan años reclamando regularizar su situación y poder acceder a contratos de alquiler social adaptados a su renta. El colectivo defiende que hay alternativas viables antes de ejecutar los desalojos, como movilizar viviendas vacías, ampliar el parque público o regularizar la situación de las familias que viven en los bloques. Por ello, las familias afectadas y el Sindicat d’Habitatge piden la parada del proceso judicial y la apertura de una mesa de negociación con las administraciones para encontrar una salida al conflicto.
No son familias vulnerables
Desde el Consorci de la Mina, sin embargo, se ha defendido desde el inicio del proceso que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables en seguimiento por los servicios sociales y que, por lo tanto, no se puede ofrecer una alternativa habitacional de manera automática. Las mismas fuentes han explicado a la ACN que los casos que sí estén acreditados como vulnerables recibirán la respuesta correspondiente de acuerdo con los protocolos establecidos. Las familias afectadas, en cambio, aseguran que desde el 2021 se les había hecho seguimiento con la posibilidad de establecer alquileres sociales, pero que esta vía se abandonó hace unos meses, coincidiendo con el anuncio de los nuevos planes de transformación de la Mina. Fue entonces cuando, según explican, empezaron a recibir las notificaciones de desalojo.
Más desalojos
La operación de este jueves es solo el inicio de un calendario de lanzamientos que puede alargar el conflicto durante las próximas semanas. Por ahora, hay nuevos desalojos previstos para los días 22, 25 y 29 de junio. El Sindicat d’Habitatge advierte que este proceso puede abrir una nueva herida en el barrio: "Las vidas de la gente de la Mina no pueden ser moneda de cambio de los cálculos políticos y electorales, y la administración debe dar marcha atrás en este conflicto, que puede abrir una herida en el barrio que será difícilmente reparable". La recuperación de los Blocs de la Rambla forma parte del plan para desencallar el derribo del bloque Venus, previsto para 2028, y culminar una transformación urbanística pendiente desde hace años en la Mina. La tensión social, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa el choque entre la necesidad de recuperar vivienda pública para realojar a vecinos afectados por el plan urbanístico y la situación de las familias que, desde hace años, viven en los pisos ocupados.