El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón a cuatro mujeres a quienes España negó la pensión de viudedad por cuestiones formales, los nuevos requisitos legales introducidos a partir de 2014 a la hora de inscribir la relación de pareja, y ha obligado al Estado a indemnizar a tres de ellas. El tribunal con sede en Estrasburgo ha dictaminado este jueves, siguiendo el criterio que ya marcó en enero en otra sentencia, que las cuatro —residentes en Catalunya— tenían una "expectativa legítima" de recibir el subsidio porque sus parejas murieron en un momento en el cual no podían aplicar el nuevo requisito. Por lo tanto, se ha vulnerado su derecho a obtener esta contraprestación, tal como garantiza la Convención Europea de Derechos Humanos.
El 10 de abril del 2014 el Tribunal Constitucional (TC) sentenció que las diferencias entre las leyes de comunidades autónomas con respecto a la consideración de una pareja como una unión civil, como es el caso de Catalunya, era inconstitucional. Desde entonces, para recibir el reconocimiento de unión civil en España hace falta que la pareja haya vivido junta al menos durante cinco años antes de la muerte de uno de los dos y que se haya registrado formalmente como unión civil al menos dos años antes de la muerte.
En el caso de estas cuatro mujeres, sus parejas murieron poco después de que el Constitucional introdujera estos cambios "sin ningún periodo transitorio". Por eso, el TEDH concluye que la imposición de un requisito formal "más estricto" por parte del TC "sin las medidas transitorias adecuadas" se aplicó de forma "desproporcionada" en el caso de estas cuatro mujeres. Por todo ello, el TEDH ha decidido que España tendrá que pagar una indemnización de 8.000 euros a una de ellas, y 6.000 euros a las otras dos, mientras que a la demandante restante no le reconoce una cantidad porque no lo había pedido expresamente.
Máxima autoridad europea en Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal internacional ante del cual cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o cualquiera de sus Protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en este Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio.