El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, señalará para el primer Pleno de este órgano de febrero, los días 7,8 y 9, el estudio del recurso de inconstitucionalidad presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto. Así lo ha anunciado este martes en el Pleno Gubernativo del TC en el que ha explicado su plan de trabajo para los próximos meses, de tal forma que para el segundo Pleno de febrero (los días 21, 22 y 23) está previsto abordar los recursos contra la regulación de la eutanasia y en el primero de marzo (los días 7, 8 y 9) los presentados contra la ley de Educación de 2020, informa el tribunal.
El primer gran objetivo del nuevo presidente del Tribunal Constitucional es dictar sentencia sobre el recurso del PP a la ley del Aborto que el partido, entonces presidido por Mariano Rajoy presentó en el 2010, hace ya 13 años. Éste es uno de los "asuntos pendientes" más importante que se encuentra el TC tras su renovación y lleva más de una década guardado en un cajón. El PP presentó este recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley del aborto, que promovió el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010. Concretamente, pedían al Constitucional que revisara distintos artículos, entre ellos el 12, que garantiza el derecho al aborto; el 13.4, que hacía referencia a las menores de edad; el 14 y 15, sobre los plazos de 14 y 22 semanas de la interrupción voluntaria del embarazo.
Castilla y León, contra la ley
El Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior". Según ha informado la Secretaria de Estado de Comunicación, este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León "incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho", que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.
El Consejo de Ministros adoptará este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embaràs (IVE) tras el anuncio realizado por el Ejecutivo autonómico para adoptar medidas sobre el aborto. Vox anunció que se ofrecerá escuchar el latido fetal a las mujeres "que tengan claro que quieren abortar", y que hay que ofrecer una ecografía 4D. Este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desmintió que a partir de ahora se obligue "en nada" a médicos y pacientes, y que serán las mujeres las que escojan si quieren más información sobre la interrupción de su embarazo.