Las denuncias por violencia sobre la mujer presentadas a los juzgados catalanes aumentaron un 17% el año 2017 respecto del 2016 y la tasa de denuncia pasó de 51 a 60 denuncias por cada 10.000 mujeres. Aunque 8 de las 10 mujeres muertas en el 2017 no tenían ninguna orden de protección, los juzgados catalanes sólo concedieron el 47% de las órdenes pedidas, delante del 67% de la media estatal.

Según la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el número de procedimientos ingresados en el 2017 aumentó un 5,7% respecto del 2016, hasta los 898.467, después de cuatro años de reducciones. La resolución bajó un 0,02% y los asuntos en trámite a finales de año ha aumentado un 9,7%, también cuatro años después de bajadas, ya que se han resuelto menos asuntos de los ingresados por primera vez desde el 2013.

La jurisdicción que más ha aumentado ha sido el civil, con un 15% más asuntos, la penal y la social han subido menos de un 1%, y la contenciosa-administrativa ha bajado un 1,3%. De hecho, la mayoría de juzgados están por encima de la cifra máxima de asuntos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial, incluso doblando la cifra. Sólo los juzgados de violencia sobre la mujer, los de Instrucción, los de menores y los sociales de ejecutorias están por debajo.

23.000 denuncias por violencia de género

Con respecto a la violencia de género, se recibieron cerca de 23.000 denuncias, un 17,4% más que el año anterior, cosa que aumentó la tasa de denuncia por cada 10.000 mujeres de 51,4 a 60,4. No obstante, en más de 2.500 casos la víctima renunció a declarar contra el supuesto agresor. En total se siguieron 29.911 procedimientos penales, un 2,3% más que en el 2016.

Por tipo de delito, los delitos de homicidio subieron de 16 a 19. De las 10 mujeres muertas en el 2017, sólo dos tenían órdenes de protección. Aumentaron un 60% los delitos contra el honor, pasando de 92 a 148, y bajaron un 35% los delitos contra la integridad moral, pasando de 513 a 331. Los más habituales fueron las lesiones y los maltratos, con más de 16.500 casos, más que en el 2016. Los delitos leves, como injurias y vejaciones injustas han bajado un 1,5%, y se han situado por debajo de los 1.000.

En total se solicitaron cerca de 5.500 órdenes de protección, de las cuales se adoptaron 2.611, un 47,8%, 20 puntos por debajo de la media estatal, que es del 67,6%. Contra los encausados por estos delitos, se ordenaron 4.926 medidas cautelares, como prisión preventiva, órdenes de alejamiento o prohibición de comunicación, entre otros.

En el 37% de los casos víctima y agresor eran expareja, el 29% eran pareja afectiva, el 22% eran matrimonio y el 12% eran divorciados. La inmensa mayoría de encausados eran de nacionalidad española.

Con respecto a los asuntos más vinculados a la crisis económica, los procedimientos concursales han bajado un 3,2% y se han quedado con 1.067, mientras que el 2013 fueron 2.114. Los concursos de acreedores han bajado a Barcelona y Tarragona y han aumentado en Girona y Lleida.

Los procedimientos laborales de despido han subido cerca de un 2%, con 18.275 en total, pero lejos de los 24.770 del 2013. La única demarcación donde han bajado ha estado en Lleida. Los procedimientos sociales de reclamación de cantidad han aumentado un 2,3%, con 14.318, también lejos de los 18.124 del año 2013. Los procedimientos monitorios han subido un 2,1%, y llegaron a los 72.428.

Los procedimientos hipotecarios han seguido bajando, como los últimos cuatro años, y se han quedado en 4.635, la mitad que en el 2016 y muy lejos del 2013, con 18.341. Los desahucios han bajado un 2% y se han situado en 27.169. La mayoría, el 64% son por alquileres y el 31% por hipotecas.