El síndic de greuges, Rafel Ribó, ha ajustado las cuentas de su actuación sobre el caso del IES El Palau, el instituto de Sant Andreu de la Barca donde presuntamente un grupo de profesores ―hay cuatro de acusados por un delito de odio― señalaron a hijos de guardias civiles al día siguiente del 1-O. Ribó ha defendido que su objetivo, y también el del gobierno español, fue el de rebajar la tensión. Ha revelado que recibió una llamada de la Moncloa "compartiendo la preocupación" por la deriva "penal y judicial" que había cogido un caso que se tenía que resolver en la escuela".

Ribó ha explicado que hizo dos peticiones. Por una parte, una reunión con la Moncloa ―que no ha dado tiempo de producirse― y de la otra, que los secretarios de Estado de Educación y de Interior que se tenían que reunir con las familias de guardia civiles se encontrasen también con el consejo escolar. Aunque la reunión no se produjo, sí que consiguió que el encuentro en la delegación del gobierno español con las familias de los niños señalados fuera de bajo nivel y de máxima discreción.

En su intervención ante la comisión parlamentaria, Ribó ha recordado que hace menos de un mes, el 14 de junio, la Sindicatura de Greuges, el conseller de Educació Josep Bargalló, el consejo escolar y cuatro familias afectadas se reunieron para intentar encontrar una solución al conflicto. Todas las partes acordaron que el interés del menor estaba por encima de todo, que se debía permitir la libertad de expresión y las familias guardias civiles se avinieron a buscar una solución positiva que beneficiara a todo el alumnado.

Ante esta explicación Ribó se ha preguntado si hay que insistir con el tema de Sant Andreu de la Barca. "Hay que seguir debatiendo sobre esta temática", espetó al grupo de Ciudadanos que es quien ha hecho la petición de comparecencia. Desde la formación naranja le han contestado que no dan "credibilidad" al informe.

Los problemas en la escuela se tratan en el ámbito escolar

Ribó ha hecho hincapié en que hay que evitar la judicialización de los conflictos que se producen en la escuela y ha recordado que hay mecanismos, tanto en los centros como en el Departament d'Ensenyament, para presentar denuncias administrativas. En este sentido ha recordado que ninguna de las familias afectadas agotó estas vías.

Ciudadanos ha acusado a Ribó de repetir "como un mantra" la no judicialización de los problemas escolares y le ha acusado de defender el pensamiento único del separatismo.

Ribó defiende que no hay adoctrinamiento

En la comisión sobre el tratamiento del 1-O en las escuelas, el síndic ha expuesto lo que ya presentó hace unos días en los medios de comunicación, que la educación "va más allá de la pura transmisión de conocimiento", que no puede estar "aislada del entorno del alumnado", que se han de poder "expresar todas las opiniones" y que uno de los objetivos de la escuela es "el pensamiento crítico".

También ha denunciado que hay "miedo" entre los maestros "P-O-R", ha dicho, y que son lamentables las cifras de docentes que piden traslado de centro y la "razón" por la que lo piden.

Desde Ciudadanos han acusado a Ribó de "blanqueamiento de la realidad" porque a pesar de remarcar que no todos los centros adoctrinan ni todos los alumnos son adoctrinados, "esta situación sí se produce". El diputado Manuel Rodríguez le ha recomendado que cambie el nombre del informe por el de "Blanqueamiento de algunos casos gravísimos de adoctrinamiento en las escuelas catalanas", en lugar de "El pluralismo en las escuelas de Catalunya como garantía del no adoctrinamiento".

El resto de partidos políticos presentes en la comisión, PSC, ERC, CUP, Junts per Catalunya y En Comú Podem han avalado el trabajo del síndic.