El decreto ley de medidas urgentes por la sequía aprobado por el Govern este martes, que permitirá que se puedan abrir piscinas públicas y privadas que hayan sido declaradas refugios climáticos por el ayuntamiento correspondiente, y que modifica la norma actual en estado de emergencia —que solo autorizaba a llenar piscinas para usos deportivos y terapéuticos—, no ha gustado a nadie y ha suscitado muchas críticas por parte de los actores de este sector privado afectado. Ni siquiera está de acuerdo la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ni la Asociació Catalana de Municipis (ACM), las entidades municipalistas con las que el Govern asegura haber negociado esta solución para dar respuesta a sus reivindicaciones. Los ayuntamientos pedían que el Govern autorizara a llenar las piscinas municipales este verano por considerarlas un refugio climático para la ciudadanía, pero parece que el decreto se ha pasado de frenada y que la decisión del Departament d'Acció Climàtica, que lidera el conseller David Escort, de incluir en el decreto las piscinas de titularidad privada, como las de comunidades de vecinos, hoteles y campings que se declaren refugios climáticos, ha sido criticada por los ayuntamientos porque traspasa sus competencias, y por las propias asociaciones de administraciones de fincas y campings, que consideran que no se dan las condiciones legales ni materiales para poder hacerla efectiva.
Una patata caliente para los ayuntamientos
La responsabilidad de gestionar y decidir qué piscinas privadas son refugio climático recae en los ayuntamientos, que tendrán que incluirlas en su plan de sequía e informar a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En el decreto se indica que "las piscinas privadas que tengan un acuerdo con el Ayuntamiento para ser de uso público abierto a la ciudadanía lo harán en las mismas condiciones de precios que funcionan las piscinas públicas". Pero llevarlo a la práctica parece que no es tan fácil, y suscita muchas dudas en cuanto a la viabilidad legal de llevarlo a cabo. Por una parte, los ayuntamientos consideran que el Govern les está pasando una patata caliente. Desde la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) lamentan que el debate sobre las restricciones en las piscinas se haya trasladado al sector privado, y que la responsabilidad de gestionar esta cuestión recaiga en los ayuntamientos.
Eduard Rivas, presidente de la entidad, lo considera "una auténtica locura", según ha manifestado a El País. La entidad plantea dudas que surgen, sobre todo, en torno a las piscinas privadas de las comunidades de vecinos. ¿Cómo pueden gestionar los cobros al público?, ¿quién realiza el control de acceso?, ¿quién paga al socorrista?, ¿quién controla el aforo?, ¿quién marca el precio? El Govern pretende que todas estas cuestiones las regule cada Ayuntamiento, y los municipios deberán asumir una buena carga de trabajo para poder incluir las ordenanzas que lo regulen en el plan de sequía antes de verano. "No queda bien definido cuál es el interés general, ni cómo se aplica el precio ni quién controla los aforos. Está en el limbo", asegura Rivas en declaraciones a TV3. Los municipios afirman que lo que pactaron con el Govern es que las piscinas públicas municipales fueran declaradas refugios climáticos para proteger a la ciudadanía, y que las piscinas privadas que pudieran ser aceptadas como refugios climáticos serían las de los pueblos que no contaran con piscinas públicas, como medida excepcional, pero en ningún caso que los municipios tuvieran que asumir la gestión y la regularización de las condiciones de estas piscinas de titularidad privada. "Esta parte no fue acordada. La norma de los equipamientos privados debe ser excepcional", añade Rivas, a quien le "preocupa que existe un relajamiento generalizado, es como si el estado de excepcionalidad no lo fuera tanto. Me preocupa el discurso de cara a la ciudadanía, que se pierda la conciencia del momento que vivimos". En declaraciones a El País, el presidente de la FMC cree que es una medida electoralista. “Si no es por el contexto electoral, no se entiende. Va en contra de la pedagogía de los últimos meses”.
Desde el sector privado de las comunidades de vecinos también se ve con preocupación por las dudas que genera la aplicación práctica de la normativa, desde dudas fiscales y tributarias de cómo se puede gestionar el cobro al público, hasta las complicaciones a la hora de afrontar los servicios de seguridad e higiene, que puede suscitar el rechazo generalizado de las comunidades a ofrecer este servicio.
En el caso de los hoteles, también se teme que pueda producirse una sobresaturación de las instalaciones, mientras que las piscinas de los campings, que son otros posibles refugios climáticos de titularidad privada afectados por el nuevo decreto del Govern, también ven la medida con preocupación. El vicepresidente de la Federació Catalana de Campings, Albert Casas, afirma que "aunque pueda parecer una buena noticia, lo tomamos con preocupación, porque aunque se abre una vía para poder utilizar estas piscinas, detrás de esta medida hay muchas otras restricciones, y al final es dar un paso adelante para dar dos hacia atrás".
Los portales inmobiliarios tienen que informar
Por otra parte, otras piscinas de titularidad privada, como las piscinas particulares de viviendas unifamiliares de alquiler vacacional, que —en este caso— no se pueden llenar, se ven afectadas. Las plataformas que anuncian casas de alquiler con piscina, como Airbnb u Holidu, han empezado a advertir a sus clientes propietarios de que eliminen esta información de sus anuncios, ya que, según las restricciones por sequía, no las podrán llenar. También les recomiendan avisar a los huéspedes que ya hayan hecho la reserva de que pueden encontrarse con la piscina vacía, cortes de agua o el jardín en mal estado. De esta manera, las plataformas recuerdan a los propietarios su responsabilidad para que se respeten las limitaciones de agua por sequía.
Airbnb ha mandado a los anfitriones una comunicación en la que les recuerda la "prohibición de rellenar piscinas en municipios en situación de emergencia" y encomienda a los propietarios "actualizar la descripción y la normativa de la casa", o bien eliminar la piscina de la lista de servicios, en caso de no poder utilizarse. De hecho, algunos anfitriones ya han modificado sus anuncios. Las plataformas admiten que los turistas puede ser que pidan compensaciones por esta afectación al servicio, sobre todo en el caso de las piscinas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en caso de que el cliente quiera cancelar la reserva, es el propietario, "y no las plataformas" quien deberá asumir el cargo de devolver el dinero de la reserva, ya que la situación de sequía "es una causa sobrevenida", afirma la delegada en Barcelona, Ester Lorente,