El Síndic de Greuges registró en 2025 el volumen de actuaciones más alto de su historia, con un total de 25.000, de las cuales 3.646 responden a quejas, 11.428 a consultas y 213 a actuaciones de oficio, según el informe presentado este miércoles por la institución. En cuanto a las quejas de personas y organizaciones, estas han incrementado un 21,7% más que el año anterior. Un incremento que se ha producido de manera muy significativa en materias relacionadas con los derechos sociales, que por primera vez concentran más de la mitad de las quejas (50,1 %). De entre estas quejas, destacan las relacionadas con los temas de vivienda, en que el aumento ha sido del 52,4 %; de salud, del 43 % (con niveles similares a los del periodo de pandemia de 2021); de infancia y adolescencia, del 40,1 % (especialmente en el ámbito de la protección a la infancia), y de educación, del 19,1 %. Pero, sobre todo, destacan las quejas sobre Rodalies, que fueron 578, un 136% más que en 2024. En total, las quejas de transporte y movilidad suben un 51,6%.

Durante la presentación del informe, la síndica Esther Giménez Salinas ha señalado que la lectura que hace la institución de este aumento de quejas es doble. Por un lado, ha explicado que hay más problemas, la mayoría relacionados con la "lentitud" de la administración y ha denunciado el exceso de burocracia en ámbitos como la salud y la educación. Se ha referido, por ejemplo, a las ayudas a la dependencia, en las que muchas personas susceptibles de recibir prestaciones sociales no las reciben. Según el documento, cerca del 60% de las personas en situación de privación material extrema no perciben el ingreso mínimo vital ni la renta garantizada de ciudadanía. "Es una mala gestión de los recursos", ha asegurado la síndica. Por otro lado, también ha atribuido el aumento a un incremento de la confianza de las personas en la institución y apunta que a pesar del esfuerzo de los profesionales, la Administración no está garantizando de manera suficiente el derecho a una buena administración, del cual dependen muchos otros derechos fundamentales.

Situación de "desbordamiento" de los servicios públicos

En este sentido, desde el Síndic alertan de que, a pesar del aumento de recursos destinados a políticas sociales, ha crecido la presión asistencial y la sensación de "desbordamiento" de los profesionales de los servicios públicos básicos, como servicios sociales básicos, atención primaria de salud y centros educativos. El informe indica que, por ejemplo, el número de usuarios de los servicios sociales de atención primaria ha aumentado de manera sostenida desde 2017, a pesar de vivir una coyuntura económica favorable. En este mismo periodo, el número de profesionales de los servicios sociales han aumentado casi un 30%, pero estos consideran que el incremento de recursos aún es insuficiente.

En cuanto a la protección a la infancia, la síndica ha cargado contra la gestión de los menores tutelados. En concreto, afirma que no se puede normalizar que cerca de 300 menores tutelados menores de seis años vivan en centros residenciales y ha apuntado que si el número de familias de acogida no crece, es necesario cambiar el sistema con la implementación de otras fórmulas que puedan ayudar a sacar a menores de las instituciones.