Saturación extrema en las prisiones catalanas con internos durmiendo en la enfermería. Según datos del Departament de Justícia revelados este lunes por diversos medios de comunicación y a los que ha tenido acceso ElNacional.cat, el sistema penitenciario ha alcanzado el 95% de su capacidad operativa. El 31 de agosto había 9.597 reclusos para un total de 10.016 plazas, cifra que refleja un incremento de unos 1.800 internos en cinco años, o un crecimiento del 23% de la población penitenciaria en el último lustro. Como era de esperar, esta situación crítica ha provocado disfunciones graves en la gestión diaria de los espacios.
Como decíamos, el impacto de la saturación se evidencia cada día en la convivencia. Ha sido en la prisión de Figueres donde varios reclusos han tenido que ser alojados en las dependencias de la enfermería a pesar de no presentar ningún problema médico, solo porque los módulos comunitarios no disponen de plazas libres. Por otro lado, esta semana en la prisión de Lledoners hemos visto cómo cerca de una decena de presos han cumplido sanciones disciplinarias de aislamiento en el módulo de ingresos, destinado habitualmente a las personas que acaban de llegar al centro. Todo, a causa de la falta de espacio en los departamentos especiales de régimen cerrado (DERT), diseñadas arquitectónicamente con medidas reforzadas y patios individuales para garantizar que los sancionados —por agresiones, tenencia de drogas o teléfonos móviles— no tengan contacto con el resto de internos.
700 plazas nuevas
El aumento de la densidad en patios y comedores también ha generado más tensión e incidentes en verano, con los equipos técnicos señalando que la sobreocupación impide una detección precoz de los conflictos. Para más inri, las ratios se han disparado en el ámbito psicológico: cada profesional atiende a unos cincuenta reclusos, cuando antes cada especialista atendía entre treinta y cuarenta. Es por todo esto que se ha intensificado la directriz institucional de recurrir a "la obertalidad", un concepto impulsado durante el mandato de la consellera Gemma Ubasart para favorecer la reinserción y descongestionar los centros que se ha traducido en una recomendación de evaluar las concesiones de tercer grado de forma más ágil y avanzar algunas salidas de semilibertad. Algunos trabajadores alertan de que de esta manera se reduce el margen para efectuar análisis exhaustivos.
Para contener la presión, la Generalitat estudia incrementar la creación de módulos rápidos. El Departament de Justícia anunció hace un año 256 nuevas plazas en 2028 en la prisión de Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragonès), con la construcción de dos módulos prefabricados. Ahora, el Govern plantea extender este sistema a otros equipamientos penitenciarios, ante el alza ininterrumpida de ingresos penitenciarios que se arrastra desde 2022. Un alza espoleada por el refuerzo policial y judicial contra la multirreincidencia. El objetivo de Justicia es crear entre 600 y 700 nuevas plazas mediante módulos industrializados, incluyendo las 256 plazas de Mas d'Enric, para evitar el colapso del sistema. Hay centros como el de la Zona Franca que están previstos en el calendario de inversiones, pero su puesta en marcha está más bien orientada a realojar el medio abierto de instalaciones pendientes de cierre como la de Trinitat, y no aportará un alivio a los centros ordinarios. Mientras tanto, la gestión penitenciaria cotidiana se mantiene condicionada por la escasez de espacio y el difícil equilibrio para no superar el límite de dos reclusos por celda.