El restaurante clandestino en la jefatura de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Mortalaz, Madrid, regentado por los mismos policías que cobraban como si fueran antidisturbios, pero trabajaban de cocineros, no había pasado ninguna inspección sanitaria en los últimos años, ya que no consta en los registros del Ayuntamiento. Ahora, sin embargo, se ha sabido que la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Asociación Social de la Policía Nacional no solo sabía de la existencia de este restaurante secreto y escondido en el sótano, sino que en septiembre del 2022 visitaron las instalaciones de la jefatura en el marco de unas visitas rutinarias anuales para comprobar que las dependencias cumplían con lo que marca la normativa del cuerpo. Así, aunque revisaron las instalaciones, se negaron a examinar esta cocina ilegal en que policías se encargan de elaborar los menús diarios de sus compañeros y también de su limpieza.

Según publica The Objective a través de fuentes policiales, los funcionarios rechazaron entrar en el espacio, ya que, tal como habrían reconocido, si entraban, tendrían que cerrar la cocina. Esto es así porque esta no sigue ningún tipo de medida de seguridad ni de sanidad, ya que nunca ha tenido que superar una inspección. "Pasaron de largo, puesto que sino tendrían que cerrarla, pero conocían perfectamente las condiciones en la que está. Hace muchos años que no pasa controles", continúan las fuentes. Las comprobaciones se hicieron solo en el comedor, que se encuentra una planta por encima de la cocina. Hay que tener en cuenta que los menús de los mandos no se hacían en el mismo espacio, sino en una oficina reconvertida que tampoco cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

Utensilios de cocina oxidados e insectos en el fregadero

Para intentar esquivar la polémica, desde la Dirección General de la Policía se mantiene que el establecimiento solo se utiliza cuando se celebran actos multitudinarios en Madrid que provoca que miles de agentes se desplacen hasta la ciudad para participar en los operativos, cuando pueden llegar a servir a 800 policías. Con todo, en el día a día, la cifra se reduce a 200, ya que el restaurante funciona al margen de la ley y prácticamente cada día, según publica The Objective: su beneficio mensual son 10.000 euros en el mes, con una recaudación mensual que llega hasta los 20.000 euros.

Los policías lo tienen claro: los profesionales de riesgos laborales tenían razón cuando decían que si entraban dentro de la cocina lo tendrían que cerrar, porque, efectivamente, no pasaría ni un solo control de salubridad. Los policías antidisturbios (que cobran como tal) reconvertidos a cocineros trabajan en unas condiciones deplorables, con utensilios y utensilios de cocina en muy mal estado, sucios y con restos de óxido, hecho que haría imposible que pasaran una inspección de sanidad. En algunas de las fotos que los agentes han filtrado se ve una falta de higiene y en la máquina de café automática han tenido que colocar un bidón cubierto de suciedad, las paredes tienen manchas de humedad y en los fregaderos hay insectos.

El jefe de los antidisturbios ya había sido investigado por sus desplazamientos

Además, este viernes el mismo medio que ha destapado el escándalo de la cocina también informa de que Francisco López Gordo, el comisario jefe de la UIP entre 2018 y 2019 ya había estado al punto de mira de Asuntos Internos. En aquel momento era el jefe de una comisaría de la Policía Nacional, en Cádiz. Esta unidad lo investigó para hacer uso del coche oficial durante los fines de semana para visitar a su familia en Madrid. Después de la investigación, se concluyó que el policía mantenía reuniones relacionadas con su trabajo durante sus escapadas de fin de semana, y, por lo tanto, archivó la causa.