Renfe y Adif, el choque de dos empresas públicas: la tragedia de Toledo reabre la guerra de responsabilidades

Dos empresas públicas, un mismo ministerio y una pregunta que vuelve a planear sobre el sistema ferroviario español después de dos tragedias en menos de un año: ¿quién es responsable cuando algo falla en el sistema ferroviario? El accidente de Urda (Toledo), que el pasado miércoles provocó 69 muertos, ha vuelto a poner en evidencia la delicada relación entre Renfe y Adif, dos organismos que dependen del Gobierno español, pero que tienen competencias muy diferentes. En medio de la investigación sobre las causas del siniestro, Renfe ha decidido salir al paso de las informaciones que cuestionan su gestión y ha dejado clara su posición en un comunicado: ni el accidente de Urda ni el de Adamuz, del 18 de enero, son atribuibles a la compañía. Un pronunciamiento que vuelve a situar en el centro del debate el reparto de responsabilidades entre las dos empresas públicas.

Renfe versus Adif

Renfe pone los trenes, Adif controla las vías

Para entender este conflicto, primero hay que aclarar una confusión bastante habitual. Renfe y Adif no son la misma empresa, aunque ambas dependen del Ministerio de Transportes. Renfe es la operadora ferroviaria: gestiona los trenes, contrata a los maquinistas, organiza los servicios de pasajeros y mercancías y se encarga del mantenimiento de su material rodante. Adif, en cambio, es el administrador de las infraestructuras: gestiona las vías, las estaciones, los sistemas de señalización y el control de la circulación. En el caso de la alta velocidad, una parte esencial de estas funciones corresponde a Adif Alta Velocidad.

Esta separación no ha existido siempre. Hasta 2005, la antigua Renfe concentraba buena parte de estas responsabilidades. Aquel año, una reforma impulsada para adaptar el ferrocarril español a las directivas europeas dividió el sistema en dos entidades: una para gestionar la infraestructura y otra para operar los trenes. Posteriormente, la liberalización permitió entrar a empresas como Iryo y Ouigo, que utilizan la misma red que Renfe y están sometidas al control de circulación de Adif. La división, aparentemente clara sobre el papel, se complica cuando se produce una incidencia. Un tren puede quedar inmovilizado por una avería propia, por un problema en la infraestructura o por un fallo de señalización. Y cuando las causas no están aclaradas, también se hace más difícil delimitar las responsabilidades.

Renfe se defiende: "No tiene sentido" atribuirles los accidentes

El comunicado difundido el sábado por Renfe es especialmente contundente. La compañía rechaza que los accidentes de Urda y Adamuz se relacionen con "supuestas carencias" en la seguridad de sus trenes o con su organización interna. Asegura que esta vinculación "no tiene sentido" y recuerda que el mantenimiento, la conservación y la gestión de la infraestructura ferroviaria no es su competencia. Renfe insiste, en cualquier caso, en que su prioridad sigue siendo la atención a las víctimas y que colaborará plenamente con las investigaciones.

El pronunciamiento llega después de la publicación en los últimos días de informaciones sobre la estructura directiva de Renfe. La compañía defiende que todos los nombramientos "se ajustan a la normativa vigente" y responden a criterios de capacidad y experiencia profesional y rechaza las descalificaciones que cuestionan la preparación de los responsables. También justifica el aumento del gasto de personal, de 1.058 a 1.236 millones de euros, por la incorporación de nuevos trabajadores. Según sus datos, durante el 2026 ha contratado a 1.999 personas, la incorporación más importante de los últimos veinte años, y quedan 157 plazas pendientes de convocar.

Renfe endurece la seguridad tras el accidente

La defensa de Renfe coincide, sin embargo, con una decisión significativa. La compañía ha anunciado nuevas instrucciones para sus maquinistas cuando se produzca un fallo del sistema de seguridad LZB, el mismo que dejó de operar antes del accidente de Urda. Según ha avanzado El País, los trenes de Renfe no podrán superar los 40 kilómetros por hora cuando circulen con el procedimiento de marcha a la vista previsto para estas incidencias. Además, los maquinistas deberán pedir al centro de control la confirmación de que no hay ningún otro tren en el mismo cantón, el tramo de vía que debe estar protegido para evitar ocupaciones incompatibles. Las nuevas instrucciones están previstas a partir de este domingo, 1 de noviembre.

La medida llega después de que el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) exigiera este sábado una modificación con "carácter urgente" de la normativa de circulación ferroviaria para impedir que se repitan situaciones como las que precedieron el accidente de Urda (Toledo). Según las informaciones conocidas sobre la tragedia, el tren AVE de Renfe recibió autorización para seguir circulando a pesar de que un Iryo se encontraba inmovilizado más adelante. La maquinista de este último convoy había advertido al centro de control de Adif que no podía reanudar la marcha. La investigación deberá aclarar por qué esta información no impidió la colisión.

Una historia de conflictos, errores compartidos y ceses

Las tensiones entre Renfe y Adif vienen de lejos y han provocado más de una crisis política. Uno de los precedentes más sonados estalló en 2023, cuando se descubrió que los nuevos trenes encargados por Renfe para Asturias y Cantabria no cabían por determinados túneles. El error, que comprometió un contrato de 258 millones de euros, puso en evidencia graves deficiencias de coordinación entre Renfe, Adif y el fabricante CAF. La crisis acabó con ceses en ambas empresas y las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

El conflicto también tiene una dimensión económica. Las discrepancias sobre quién debe asumir los costes de los retrasos y las incidencias hace años que condicionan la relación entre ambas empresas. De hecho, en enero de este mismo año, tras la tragedia de Adamuz, Renfe anunció que dejaría de indemnizar determinados retrasos provocados por las restricciones temporales de velocidad impuestas por Adif, argumentando que eran ajenas a su responsabilidad.

En Catalunya, la crisis de Rodalies del pasado enero ya evidenció las dificultades de coordinación entre Renfe y Adif. Las interrupciones del servicio tras el accidente mortal de Gelida terminaron, el 26 de enero, con la destitución de Josep Enric Garcia Alemany, director operativo de Rodalies, y Raúl Míguez Bailo, director general de Operaciones y Explotación de Adif. El mismo secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, reconoció entonces que Renfe había protagonizado episodios de descoordinación con la Generalitat y que Adif no había ejecutado con suficiente intensidad determinadas tareas de mantenimiento. Aquella crisis ya había demostrado que, cuando el sistema ferroviario falla, las responsabilidades pueden repartirse entre las dos empresas públicas que lo gestionan.

Ahora, la tragedia de Urda vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que va más allá de las competencias administrativas. Renfe es responsable de la seguridad de sus trenes y Adif de la gestión segura de la infraestructura y la circulación, pero el funcionamiento ferroviario depende de la coordinación constante entre ambas.

El comunicado de Renfe marca distancias con las posibles causas de los accidentes, pero no equivale a una determinación oficial de responsabilidades. Este trabajo corresponde a las investigaciones técnicas y, en su caso, judiciales. Mientras tanto, la pregunta continúa abierta: cuando fallan simultáneamente varios mecanismos de protección, ¿dónde acaba la responsabilidad de una empresa y empieza la de la otra? La respuesta ayudaría a entender qué pasó en Urda y, sobre todo, para evitar que se repita.