Acciones concretas para incentivar el uso del catalán en los juzgados. El Departament de Justícia ha acordado con todos los sindicatos representados en los juzgados (STAJ, CSIF, CC. OO. y la UGT) las acciones que debe realizar el personal de la Administración de Justicia en Catalunya para cobrar el complemento de productividad del año 2026, el cual por primera vez incluye el fomento del catalán. Las medidas se han detallado ahora, por lo que los resultados se podrán ver a finales de año. El complemento incluye cumplir ciertas medidas como "el rendimiento especial" y "la mejora de la actividad judicial del centro de destino", además del fomento del catalán. El sistema de evaluación se ha fijado en 100 puntos, y si se cumplen 60 puntos, ya se puede cobrar el mínimo. En cuanto al uso del catalán (30 puntos), se ha fijado que un mínimo de un 20% de los trámites deben ser en catalán. Esta acción va dirigida a los gestores procesales y administrativos, los tramitadores procesales y administrativos y a los médicos forenses.
¿Y el resto de los profesionales que no tramitan o no conocen el catalán? Para los auxilios judiciales, que no tramitan expedientes, y para el personal que no acredita conocimientos de catalán, se ha acordado que pueden realizar un curso autoformativo en línea de 20 horas, que incluye derechos lingüísticos, lenguaje jurídico y acogida y sensibilización. El conocimiento del catalán no es obligado para trabajar en los juzgados de Catalunya, ya que es un cuerpo de ámbito estatal. Este hecho y la elevada movilidad del personal hacen que constantemente sean necesarios los cursos de formación y de sensibilización de la lengua propia para todos los operadores jurídicos, desde jueces a auxilios.
¿Quién lo impide?
El departamento, que dirige Ramon Espadaler, incluso ha previsto el supuesto de que un funcionario alegue "factores ajenos a su voluntad" para no poder trabajar y tramitar en lengua catalana, como, por ejemplo, que un juez o un letrado de la Administración de Justicia no lo permita o alegue desconocimiento del catalán, como desgraciadamente todavía ocurre. Esta excepción permitirá investigar a Justicia qué sucede realmente y si se centra siempre en determinados juzgados. No obstante, con la entrada en funcionamiento de la ley de eficiencia judicial, donde los tramitadores y auxilios son comunes y compartidos entre diferentes jueces y magistrados, puede evitar este supuesto bloqueo a usar la lengua catalana. Además, se indica que el personal de la Administración de Justicia que disponga de conocimientos de catalán acreditados y no conste en su expediente deberá informarlo previamente.
¿Qué cobran?
Actualmente, hay unos 7.200 funcionarios de la Administración de Justicia, adscritos a la Generalitat de Catalunya. Los complementos de productividad máximos pagados el año pasado fueron: para médicos forenses, unos 1375 euros anuales; el personal de gestión procesal y administrativa, unos 1.187 euros; los funcionarios de tramitación procesal y administrativa, unos 975 euros, y los auxilios judiciales, unos 885 euros.
El catalán, simbólico
Esta acción dirigida a los trabajadores de Justicia quiere revertir la baja presencia del catalán en los juzgados, que es responsabilidad de todos los operadores jurídicos, incluidos los abogados. De los últimos datos obtenidos, se informa que durante el 2025, de acuerdo con los datos extraídos del sistema de tramitación procesal ejusticia.cat, se presentaron un total de 41.356 (5,21 %) demandas en catalán en los juzgados de los ámbitos civil, mercantil, contencioso administrativo y social, frente a las 752.905 en castellano.
Paralelamente, el año pasado se inscribieron en la formación de lengua catalana 745 personas que trabajan en la Administración de Justicia (jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia, médicos forenses y resto de personal de las oficinas judiciales), así como alumnos de la Escuela Judicial. De este total, unos 416 (el 56%) terminaron la formación. También se inscribieron a cursos un total de 217 operadores jurídicos, desde abogados a registradores. Así, a finales de año se espera que se podrá comprobar la efectividad del incentivo económico por tramitar en catalán.