Con la voluntad de calmar el proceso de independencia, el PSOE se muestra partidario de ofrecer respuestas políticas para solucionar el conflicto con Catalunya. Por eso, apuesta por restaurar con reformas legislativas y otras medidas que no contradigan la doctrina constitucional, aquellos elementos de autogobierno que resultaron "dañados" desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.
Esta es una de las propuestas para resolver la crisis territorial y que el PSOE debatirá el próximo sábado en Madrid. Más tarde, será aprobada por el comité federal e iniciará su viaje hasta el 39º congreso del partido, que se celebrará el próximo mes de junio.
El documento también plantea abrir un espacio de estudio y de diálogo sobre las posibilidades de una reforma constitucional, consensuada por todos, empezando con la creación de una subcomisión en el Congreso. En este sentido, los socialistas recuerdan que hace años que apuestan por esta reforma y, que en el capítulo territorial, crearon sus bases en la Declaración de Granada, que pactaron el PSOE y el PSC en julio de 2013.
Los socialistas declaran que este documento tiene plena vigencia actualmente y defienden que el conflicto actual sólo se puede "encauzar" mediante la "celebración de un nuevo pacto de convivencia", un nuevo contrato que suponga la actualización del pacto constitucional del 78 construido sobre "unas bases de lealtad institucional, de voluntad de acuerdo y de respeto a la singularidad".
Defienden que la salida a esta crisis no puede pasar por un referéndum donde "sólo se pronuncien directamente los habitantes de Catalunya": "Además, el derecho a la autodeterminación no tiene lugar ni en el orden constitucional ni en el derecho internacional", recalcan desde el PSOE que insisten en que la solución sea entre "toda la ciudadanía afectada" en el marco de la reforma de la Carta Magna.
Los socialistas también apuestan por frenar la "dinámica conflictiva" en las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat catalana, para negociar los "conflictos territoriales" pendientes y cambiar la política lingüística y colaborar en la aprobación por consenso de una ley de lenguas.