Las corridas de toros en España están siendo examinadas de cerca por el Comité de Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este comité, según informa la agencia Europa Press este jueves, ha solicitado en España que aporte información sobre los pasos que haya dado con el fin de prohibir la participación de menores de 18 años como toreros y como espectadores en eventos taurinos.

Este interés pels toros y el acceso que los más pequeños tienen a este tipo de espectáculos se ha elevado internacionalmente gracias a un informe que PACMA ha hecho llegar al organismo. En este informe se denuncia que España no solo no ha avanzado en el sentido de prohibir el acceso de los menores a los toros, sino que incluso fomenta la cultura taurina con medidas como campamentos para niños, encierros infantiles.

La cuestión sobre los toros es una de las 55 por las cuales la ONU interpela a España en relación con el informe de conclusiones emitido por este organismo de Naciones Unidas para la protección de los niños en 2018. El documento da un plazo para contestar que expira el 15 de febrero de 2024 y en un máximo de 21.200 palabras.

Fuentes del Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 han explicado a Europa Press que han recibido la solicitud y que tienen un año para preparar su informe y responder a todas las preguntas. Las mismas fuentes apuntan que es la Dirección General de Infancia la que tiene que preguntar a las comunidades autónomas, competentes en la materia taurina en este caso, y a los ayuntamientos, para conocer qué medidas han tomado desde el 2018.

La ley catalana sobre las fiestas tradicionales con bueyes

En Catalunya existe la Ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con bueyes. Según el texto de esta ley, en Catalunya "se prohíbe explícitamente la participación en los espectáculos [de bueyes] a menores de 14 años, que solo pueden estar presentes como espectadores". En esta materia de exposición de menores de edad a espectáculos taurinos es precisamente esta Dirección General quien hace de intermediaria entre las comunidades autónomas y las administraciones locales y las recomendaciones interpuestas por el comité de la ONU.

A pesar de las preguntas que hace la ONU, ninguna recomendación del Comité de los Niños es vinculante, de manera que cada estado miembro decide de forma soberana si las quiere implantar o no. Según las fuentes citadas por Europa Press, en el estado español decidir este aspecto queda en manos de las comunidades autónomas. Es competencia suya.