Hace años que la educación se ha convertido en una patata caliente por los sucesivos Governs y recientemente las turbulencias se han instalado en las aulas. Hay un malestar acumulado y creciente entre el profesorado hacia la gestión del Departament d'Educació y la falta estructural de recursos ante la creciente complejidad social y educativa que encuentran los docentes en clase. Si bien ya hubo protestas el año pasado, los primeros meses de 2026 han estado marcados por una serie de huelgas masivas por parte de maestros, profesores y otros profesionales de la educación, a unos niveles de movilización que no se veían desde hacía décadas. El conflicto continúa vigente y los sindicatos han convocado todo un mes de huelgas más entre mayo y junio.
Las demandas son las habituales del sector, que se arrastran desde hace tiempo y los sindicatos ya las habían reclamado a los anteriores gobiernos: en cuanto al salario, recuperar el poder adquisitivo perdido con los recortes de la crisis de 2008; incrementar la inversión en educación hasta al menos el 6% del PIB —como marca la ley, si bien se ha situado en torno al 4%— para reducir las ratios de alumnos por profesor y garantizar la atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales; eliminar la carga de trabajo burocrática que requiere el Departament; quitar poder a las direcciones de los centros y dárselo a los claustros; o revisar los currículums y las instrucciones en cuanto a la actividad docente contando con la opinión del profesorado.
Todos los sindicatos del sector de la enseñanza en Catalunya —USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT— se pusieron en pie de guerra a principios de año y convocaron huelgas en febrero, que se materializaron en una manifestación multitudinaria en Barcelona —con más de 75.000 personas, según los sindicatos; 25.000, según la Guardia Urbana— y numerosas acciones de protesta como cortes de algunas de las principales vías del área metropolitana. Toda una marea amarilla —color que han querido convertir en símbolo de la educación pública— que los sindicatos tildaron de “histórica”.
El Departament d'Educació, a cargo de la consellera Esther Niubó, recogió el guante, se reunió con los sindicatos y presentó una primera propuesta de mejora del sistema y de medidas para dar respuesta a las demandas del colectivo. Sin embargo, fue rechazada de lleno al considerarla "insuficiente” e “irrisoria", dado que de facto significaba "poco más de 25 euros brutos mensuales". La unidad sindical, sin embargo, no tardó en romperse. El Govern llegó a un acuerdo con CCOO y UGT, sindicatos minoritarios en el sector, para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes. Un acuerdo que el resto de sindicatos denunciaron al considerar que se había firmado a escondidas y fuera del marco de negociación, la Mesa Sectorial. Además, rechazan el contenido de fondo al considerarlo, de nuevo, "insuficiente".
El Govern defiende un "acuerdo de país" histórico ligado al "principio de realidad"
El Ejecutivo de Salvador Illa presentó el pacto como "un acuerdo de país" para dar respuesta a las necesidades de la escuela catalana y desde Educació tildaron el pacto de "histórico", a la vez que esperan que suponga un "punto de inflexión" en el sistema educativo. Su aplicación, defiende el Govern, situará a los docentes catalanes como los terceros mejor pagados del Estado, cuando ahora eran de los peor remunerados. Se beneficiarán los 129.327 docentes de Catalunya, incluyendo tanto los de la pública como los de la concertada —los 97.000 docentes del sistema público suponen el 54% de los trabajadores de la Generalitat—.
De hecho, desde el Departament siempre han defendido que esta mejora salarial supone un "esfuerzo importantísimo" para las arcas públicas, en un contexto en el que el Govern en minoría parlamentaria no ha podido aprobar presupuestos y ha tenido que funcionar con suplementos de crédito pactados con ERC y los Comuns. Ante las comparaciones con las subidas salariales a los Mossos d'Esquadra, fuentes de la consejería pidieron no comparar "manzanas con peras" señalando que los agentes son muchos menos, unos 19.000 efectivos.
Sin embargo, USTEC, sindicato mayoritario, Professors de Secundària, CGT y la Intersindical no han firmado el acuerdo, al considerarlo "insuficiente" en todos los ámbitos: en cuanto a la subida salarial y en cuanto a los recursos para la mejora educativa. La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, afirmó que se trata de un acuerdo "absolutamente ideológico, político y que no responde a las necesidades del colectivo". A lo largo de los últimos dos meses, estos sindicatos críticos con el acuerdo han insistido reiteradamente al Departament en reabrir negociaciones. También impulsaron una consulta interna entre el profesorado, que contestaron unos 42.965 docentes, el 95% de los cuales rechazó la propuesta de Educació.
La conselleria de Educació, por su parte, se ha abierto a reunirse y dialogar, pero ha descartado renunciar al acuerdo con CCOO y UGT o entrar a revisarlo. La respuesta reiterada del Govern estos meses ha sido invitar a USTEC y a los demás sindicatos críticos a sumarse a lo que ya hay. El mensaje es claro: piden que “haya un principio de realidad y de lo que se puede asumir”, en palabras de la portavoz Sílvia Paneque. Así las cosas, los sindicatos críticos mantienen el pulso y su respuesta ha sido alargar las huelgas. Este marzo hubo una nueva semana de protestas por toda Catalunya, con cortes en las principales carreteras y autovías. Y ya se ha convocado todo un mes de movilizaciones entre mayo y junio. La posición de los sindicatos críticos también es clara: "Sin condiciones dignas no terminaremos el curso". Todas las reuniones han terminado sin acuerdo.
¿Qué dice el acuerdo firmado por CC.OO. y UGT?
El pacto del Govern con CC.OO. y UGT incluye un incremento de sueldo vía aumento del 30% del complemento salarial autonómico de manera progresiva hasta 2029 —una cuestión que no se modificaba desde 2001—. En el ámbito salarial, el acuerdo contempla una subida progresiva del complemento autonómico en cuatro años, de tal manera que el incremento sea del 8,5% este año, del 9% en 2027, del 6,25% en 2028 y también del 6,25% en 2029. En concreto, se alcanza un incremento del complemento específico de 2.960,79 euros al año en infantil y primaria, y de 3.027,49 en secundaria, que equivale a unos 200 euros más al mes. Los beneficiarios serán los 129.327 docentes de Catalunya, incluyendo tanto los de la pública como los de la concertada. Estos incrementos se abonan en un pago único cada año, este año durante el segundo trimestre, y para el resto de años durante el primer trimestre. Educación también ha acordado una subida del sueldo del Personal de Atención Educativa de un 20% a través de un complemento, para lo cual habrá una partida de 23,2 millones de euros. En la práctica, este complemento va de 290 euros a los ayudantes de cocina y limpiadoras a los 473 para los técnicos de educación infantil rural.
Asimismo, el acuerdo contempla una rebaja "progresiva" de las ratios. Educación asegura que el próximo curso el 90% de los grupos públicos tendrán ratio máxima de 20 alumnos en I3, cuando la actual es de 25. El curso siguiente esta ratio de 20 alumnos se fijará en todos los grupos públicos de I3. En cuanto a la ESO, la ratio actual es de 30 alumnos y el acuerdo incluye que el próximo curso no habrá sobrerratios en los centros públicos y que el curso 2027-2028 se iniciará una reducción "progresiva" a 25 alumnos en 1º de ESO, priorizando los centros de máxima y alta complejidad. En bachillerato, se garantizará no superar la ratio máxima de 35 en los centros públicos el próximo curso y bajarla a 30 de manera "progresiva" en 1º de bachillerato a partir del curso siguiente, priorizando también los centros de máxima y alta complejidad. Finalmente, en la FP el objetivo es no superar las ratios de 30 alumnos en ciclos de grado medio y superior el próximo curso, ni de 20 en el grado básico. A partir del curso 2028-2029, las ratios deben ser de 25 alumnos en grado medio y superior, y de 20 en el grado básico. La secundaria es donde más masificación de alumnos hay en las aulas, especialmente por lo que se denomina matrícula viva, es decir, los estudiantes que llegan con el curso ya empezado. Otra medida es la revisión de las dotaciones de aulas de acogida de alumnado recién llegado, para adecuarlas a la realidad del sistema educativo. Para conseguirlo, se hará un seguimiento mensual de la matrícula del alumnado recién llegado susceptible de este recurso. Además, a partir del próximo curso se deberá implementar una ratio máxima de 18 alumnos por aula de acogida.
Otro de los ámbitos acordados hace referencia a las conocidas como plazas perfiladas, que son aquellas para las que se piden unas competencias o requisitos adicionales. Los sindicatos críticos denuncian desde hace tiempo que estas sirven de facto para que las direcciones sitúen a dedo docentes afines, como si se tratara de una empresa privada —por eso los docentes reclaman desde hace tiempo la retirada de los decretos de plantillas y direcciones, una herramienta que los sindicatos rechazan al considerar que da mucho poder a los directores de los centros en detrimento de los claustros—. El pacto incluye que el curso 2027-2028 el porcentaje de plazas perfiladas no podrá superar el 3% del total de plazas estructurales. Esto supondrá pasar de 7.000 plazas perfiladas actualmente a unas 2.500. Las plazas perfiladas suprimidas pasarán a ordinarias y se hará una evaluación de resultados de las que queden. Además, Educación ha afirmado que ya no se harán entrevistas para cubrir estas plazas, aunque las entrevistas sí que se mantendrán en lo que respecta a la inclusiva. Por otro lado, el pacto incluye el compromiso de convocar concursos de traslados anuales, alternando el autonómico y el estatal. El objetivo es alcanzar tasas de estabilización del personal del 65% en 2027 y del 85% en 2028. Actualmente, y a pesar de los últimos procesos de estabilización, esta tasa es del 57%.
En cuanto a la escuela inclusiva, el acuerdo con CCOO y UGT contempla casi 200 millones de euros. Unos 87,6 son para el mantenimiento de 300 integradores y educadores sociales que ahora forman parte de un programa temporal que finaliza en agosto de 2027. El Departamento sostiene que se "generalizará progresivamente" la figura de técnicos de integración social en los centros de primaria y de educadores sociales en los de ESO a partir de 2027-2028. Además, hay 6,3 millones para aumentar las dotaciones de personal en los centros de educación especial, con una previsión máxima de 80 grupos nuevos; así como 3,8 millones para incorporar 85 maestros de audición y lenguaje los dos próximos cursos. También se destinarán 2,2 millones a incorporar de manera progresiva monitores de apoyo, conocidos como veladores, en la postobligatoria entre 2026 y 2030, entre otras medidas.
En relación con el currículum, se ha establecido que en el caso de futuras modificaciones se creará un mecanismo de consulta previa a las organizaciones sindicales firmantes. Se crearán también grupos de trabajo integrados por docentes de las diferentes etapas y especialidades curriculares y la participación en estos grupos computará como mérito. El acuerdo incluye medidas para la desburocratización y el impulso de una iniciativa legislativa para incorporar en el ordenamiento jurídico la consideración del profesorado como autoridad pública. Por otro lado, se introduce un pago de 50 euros para los docentes por pernoctación en colonias y viajes de fin de curso. La inversión global del acuerdo es de cerca de 2.000 millones de euros, a lo cual Educació se ha comprometido haya o no presupuestos de la Generalitat.
CCOO defendió que no se podía asumir el riesgo de "dejar pasar" las propuestas sobre la mesa. "Otras veces ha pasado que hemos querido aspirar a más y lo que teníamos sobre la mesa lo hemos perdido", afirmó la portavoz del sindicato Ester Vila. Desde UGT destacaron que recoge "casi todas las aportaciones" que habían hecho.
¿Qué reclaman USTEC y los otros sindicatos críticos?
La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, mantiene que el pacto con CCOO y UGT "no es ningún acuerdo histórico" sino "una traición histórica". En su contrapropuesta subrayan que el aumento de sueldo del complemento específico supone un aumento del 7,5% del sueldo general en cuatro años, lo cual "no resuelve el agravio del 20-25% del poder adquisitivo perdido, ni nos sitúa a la cabeza de las retribuciones entre las diversas comunidades autónomas". Tampoco reconoce la "deuda" de los sexenios, apuntan. En cuanto a las oposiciones, el sindicato señala la existencia de 5.500 plazas pendientes de convocar a oposiciones sin garantía de que todas se convoquen. También "existe el compromiso de hacer concursos cada año alternando estatal y autonómico, pero la mayoría de las vacantes se reservan para ser convocadas dentro de dos años", añade USTEC.
En cuanto a las ratios, denuncian que el calendario es a cuatro años y sin ningún impacto inmediato. También apuntan que se mantiene en la línea de lo que ya se está negociando en el Estado en el marco del anteproyecto de ley. Adicionalmente, sostienen que no se garantizan suficientes dotaciones para aulas de acogida en los centros con más alumnos y que no se incluyen desdoblamientos a partir de quince alumnos en FP como se había hablado. También señalan que todavía hace falta una inversión significativa que se acerque al 6% del PIB. En suma, los sindicatos críticos ven medidas puntuales sin impacto inmediato y "muchos compromisos condicionados a futuros desarrollos".
En cuanto a los currículos lectivos, el sindicato mayoritario sostiene que no se da respuesta al clamor contra la reforma del currículo de bachillerato. Finalmente, en cuanto a la desburocratización, USTEC admite que se recogen la mayoría de sus propuestas, pero lamenta que no hay un plan que dé garantías de cumplimiento ni se especifican los refuerzos necesarios de personal de administración y servicios. Así, los sindicatos críticos disparan contra lo que consideran un intento del Ejecutivo de Salvador Illa de "cerrar en falso este conflicto laboral". Ante esto, su intención de que el curso no acabe con normalidad. El próximo seis de mayo volverán a las calles, y las protestas no acabarán hasta el cinco de junio.