La retención de unos 600 cantaires expulsados de la Sagrada Família durante la bendición de la torre de Jesús por el papa León XIV llega a los juzgados de Barcelona. La entidad Acció Cassandra ha anunciado este martes que ha presentado una querella contra los agentes de la policía española y de los Mossos d'Esquadra que los expulsaron del templo, porque supuestamente llevaban pequeñas esteladas y querían cantar Els segadors. Además, los encapsularon y los retuvieron en la calle, acción prohibida por los tribunales europeos, si no se justifica por motivos de seguridad. Los abogados de la entidad acusan a los agentes del delito de detención ilegal cometido por funcionario público. Ahora, un juez de Barcelona deberá resolver si admite a trámite la querella de la entidad, que se ha personado como acusación popular.
Lluís Gibert, abogado y presidente de Acció Cassandra declara que “lo que ha pasado en la Sagrada Família no es una anécdota ni un malentendido organizativo, sino un operativo de fuerza que podría encajar en delitos de detención ilegal, abuso de autoridad y odio ideológico contra ciudadanos catalanes que solo hacían lo que se les había encomendado: cantar en un acto religioso”, según recoge un comunicado de la entidad.
Indignación general
La expulsión de los cantaires ha provocado una indignación de partidos y entidades del país, como Junts, el Consell de la República, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, entre otros. Al día siguiente de los hechos, de forma espontánea, centenares de cantantes se reunieron ante la Sagrada Família para cantar el himno de Catalunya.
Además, los cantantes han publicado una carta dirigida a la Fundació Junta Constructora del Temple, el Arzobispado de Barcelona, la delegación del Gobierno en Catalunya y al Departament d'Interior de la Generalitat para expresar su malestar por la decisión de echarlos, reclamar explicaciones y también exigir una disculpa pública.
Privación de libertad
En la querella se expone que los hechos se produjeron en el tramo final de la celebración, durante la interpretación del Virolai, cuando los cantores adultos “fueron desalojados de la basílica mediante una maniobra de engaño y coacción”. Después de interrumpir el canto y apartar al director de los coros, los participantes fueron conducidos hacia una salida que no formaba parte del recorrido previsto, “hasta quedar rodeados al exterior en un dispositivo policial que les impedía moverse con libertad”.
Acción Cassandra añade que “esta maniobra de encapsulament comportó una privación de hecho de la libertad deambulatòria de centenares de personas sin orden judicial, sin delito flagrante y sin justificación legal suficiente”. Paralelamente, los menores integrados en los coros infantiles habrían quedado retenidos en la cantoria del templo, bajo presión policial y sin poder contactar inmediatamente con sus padres o tutores, en un contexto que varios testigos describen como humillante, intimidatorio y psicológicamente devastador”.
Más delitos
Además del delito de detención ilegal, también se apunta a la vulneración del derecho de reunión (artículo 21 CE), la libertad de expresión y de creación artística (artículo 20.1.b CE) y la libertad religiosa y de culto (artículo 16 CE), dado que la intervención se produjo en pleno oficio religioso y en medio de un canto litúrgico oficial. También se apunta a un delito de prevaricación administrativa, al considerar que las órdenes operativas de desalojo, encapsulamiento y confinamiento de menores podrían ser manifiestamente injustas y arbitrarias.
Finalmente, Acción Cassandra sostiene que la acción policial se podría incardinar en un delito de odio, del artículo 510 del Código Penal o, subsidiariamente, la aplicación de la agravante de discriminación por motivos de nación e ideología ante la posible existencia de una actuación dirigida específicamente contra ciudadanos catalanes por su expresión cultural, nacional e ideológica.
Apoyo ciudadano
Por impulsar esta acción judicial, Acción Cassandra informa que ha abierto una campaña de micromecenazgo para cubrir los gastos del procedimiento, incluida la eventual fianza que imponga el juzgado para ejercer la acusación popular. “Esta querella no defiende solo los 600 cantaires afectados: defiende la dignidad civil y nacional del conjunto del pueblo catalán”, manifiesta la entidad.