La Plataforma per la Llengua ha impulsado, junto con sindicatos y entidades educativas, un manifiesto para reclamar medidas urgentes para reforzar la inmersión lingüística, garantizar el conocimiento del catalán al final de la escolarización obligatoria y hacer frente a las sentencias que amenazan el modelo de escuela catalana. La entidad en defensa de la lengua ha sumado al texto los sindicatos educativos USTEC-STEs, Comisiones Obreras, la UGT y la Intersindical-CSC, así como a la Plataforma Pública i en Català, entidad defensora de la educación pública. El manifiesto, con el lema "A l'escola catalana, la llengua no es toca!" ('¡En la escuela catalana, la lengua no se toca!'), denuncia la regresión del uso del catalán en los centros educativos y las amenazas judiciales contra el modelo de escuela catalana. Por ello, reclama a la Generalitat medidas urgentes para reforzar la inmersión lingüística y el conocimiento de la lengua y pide a los sindicatos que incorporen sus reivindicaciones en las negociaciones que mantienen con el Departament d'Educació.
Para la entidad, la escuela sigue siendo una herramienta indispensable para garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la transmisión de la lengua propia del país. Por esta razón, defiende que la preservación de la inmersión lingüística es una condición necesaria para que el catalán siga siendo la lengua de toda la ciudadanía, independientemente del origen o la lengua de los alumnos. Para ello, insta al conjunto de la sociedad catalana a adherirse al manifiesto y firmarlo a través de su página web. A los sindicatos les pide incorporar los contenidos del manifiesto en sus negociaciones con Esther Niubó y el Departament d'Educació, ya que consideran que, "en las últimas movilizaciones, la lengua ha dejado de ser una prioridad general, a diferencia de lo que ha pasado en el País Valencià".
Las entidades que impulsan el manifiesto reclaman al Govern que actúe de forma decidida para proteger el modelo educativo catalán ante las injerencias judiciales. El texto señala, en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo español que obliga a los centros educativos a incorporar el castellano en su rotulación y alerta sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la imposición generalizada de un mínimo del 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas. Recuerdan, sin embargo, que el relator especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de minorías ya advirtió en 2023 que esta imposición no se ajusta al derecho internacional y pone en riesgo el aprendizaje del catalán.
Cinco propuestas principales
En este contexto, presentan cinco demandas principales. La primera es hacer que los centros educativos evalúen el nivel de catalán de su alumnado. También quieren que se ejecuten las medidas pendientes del Pacte Nacional per la Llengua, así como incrementar los recursos destinados a la educación. En especial, destacan la reducción de las ratios y el refuerzo de las aulas de acogida para fortalecer la inmersión lingüística y cumplir el objetivo de llegar al 6% del PIB en inversión en educación. Por otra parte, piden que se garantice que las direcciones de las escuelas cumplen y hacen cumplir los proyectos lingüísticos de los centros, con la intervención, si es necesaria, de la inspección educativa, y la generación de entornos realmente inmersivos en catalán mediante la formación adecuada del personal docente para hacerlo posible.