El conocido como caso Noelia, la joven catalana de 25 años que hace dos pidió que se le aplicara la eutanasia, pero que se ha tenido que enfrentar desde entonces a litigios judiciales iniciados por su padre, ha centrado buena parte del debate público en estos últimos días. En este contexto, el Parlament de Catalunya está tramitando una propuesta de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP (que suman una amplia mayoría en la cámara) para llevar al Congreso de los Diputados una reforma de esta ley que permita acortar los plazos ante recursos judiciales como el del padre de Noelia, a quien, este jueves, si no hay ningún cambio de última hora, se le aplicará la eutanasia. Según ha explicado la portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díez en Catalunya Ràdio, el objetivo es que esta propuesta se vote en el pleno en el mes de abril: “No nos podemos permitir que una persona que sufre tenga que ver que los plazos son tan largos”, ha reflexionado la socialista. La Mesa de la cámara admitió a trámite esta iniciativa a mediados de febrero y a principios de marzo acordó que se pudiera aprobar por la vía rápida. 

Cuando la cámara catalana dé luz verde a la propuesta de estos cinco grupos, el texto irá al Congreso, cámara que aprobó la ley hace casi cinco años. La propuesta de los partidos catalanes fija plazos máximos para cada paso de un proceso en el que se lleve a la justicia una resolución de las llamadas comisiones de garantía y evaluación, que deciden en qué casos se aplica la eutanasia. Su objetivo es que los recursos judiciales se resuelvan, como máximo, en un mes aproximadamente por parte del Tribunal Superior de Justicia competente territorialmente. Su resolución será firme y solo se podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Las peticiones de las organizaciones

El pasado mes de junio, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) reclamaba cambios legislativos que impidan la paralización en los tribunales de eutanasias aprobadas conforme a la ley, poniendo ya de ejemplo el caso de esta chica, pero también el de Francesc, de 56 años.  Son los únicos casos en todo el Estado español que han sido paralizados en los juzgados, y en ambos casos los familiares que han intentado impedir esta muerte digna han sido asesorados por Abogados Cristianos . Desde DMD piden que sea un procedimiento rápido por la vía contenciosa, como los que ya existen para otros derechos fundamentales. “En los casos del derecho de manifestación, el procedimiento judicial es de unos 10 días. Morir dignamente también es un derecho”, explicaba el jurista especializado en derecho sanitario Ramon Riu, mientras que la presidenta del ente, Cristina Vallès, aseguraba que la situación es “indecente” y un “abuso del derecho”.