Preocupación en el Parlament de Catalunya ante el auge de actitudes xenófobas, el aumento del discurso de odio dirigido hacia personas migradas y racializadas animadas por partidos y organizaciones de extrema derecha, así como la discriminación de las instituciones. En la sesión plenaria de este jueves ha habido acuerdo en el rechazo de las actuaciones policiales de los diferentes cuerpos de seguridad que, los últimos días y "con la excusa de las restricciones en la movilidad establecidas por el estado de alarma", han protagonizado un aumento en las "detenciones e identificaciones arbitrarias hacia personas en situación administrativa irregular.

 

La moción, presentada por el grupo republicano y expuesta por la diputada republicana Najat Driouech, pide que se rechace cualquier tipo de expresión o actuación de carácter racista o que implique discriminación racial en cualquier ámbito de la sociedad, también en el institucional, un espacio que engloba el 30% de estas actuaciones, detalla. Una discriminación, dicen, que se multiplica en las mujeres migradas, fortaleciendo el empobrecimiento, el racismo, el clasismo y el machismo hacia este colectivo.

En la sesión de este miércoles Driouech ha condenado la agresión xenófoba en Premià de Mar y los "ataques racistas por parte del acalde del municpi", así como la agresión racista por parte de los Mossos a en San Feliu Sasserra, en el Bages. Así, exigen la expulsión "inmediata" del cuerpo de los agentes que la protagonizaron. En el debate, los partidos han asumido que la crisis de la Covid-19 ha afectado de manera desigual a la ciudadanía, agravando discriminaciones patentes en la sociedad catalana, en especial a aquellas personas precarizadas y en situaciones de vulnerabilidad.

JxCat votará a favor de todos los puntos de la moción, porque admite que existen comportamientos policiales "que matan y maltratan" y que "se tienen que condenar y sancionar con mucha contundencia" para reforzar la cohesión social. "No podemos negar que hay políticas institucionales y expresiones que refuerzan estas discriminaciones", ha lamentado la diputada Saloua Laouaji.

Desde el comunes, la diputada Susanna Segovia, ha apuntado que el racismo institucional multiplica la segregación de la víctimas, en hechos como las "detenciones injustificadas al transporte público", las "identificaciones raciales", las "devoluciones en caliente". También ha lamentado que la resolución pida compromiso sólo en el Gobierno y no directamente a la Generalitat, que "todavía no se ha puesto a trabajar en el caso de los temporeros, por ejemplo", ha indicado Segovia.

En nombre de Ciudadanos, el diputado David Mejía, ha donart apoyo a la moción recordando que la nación española ha respetar a todo el mundo inedependientemente de su lugar de origen. También ha apuntado que "no se pueden tolerar ciertas actitudes policiales", y que hay que luchar contra la xenofobia y la LGTBIfòbia de manera conjunta. Ahora bien, no han faltado reproches contra JxCat y ERC, recordando "el historial manchado" de menciones racistas de los dos partidos. Mejía ha repasado una en una declaraciones - "perlas", ha dicho- de los representantes, como el presidente Quim Torra, Oriol Junqueras o Anna Erra.

Pedret, representando al PSC, ha lamentado que se hayan declinado algunas de sus propuestas en la resolución en material de menores no acompañados. Aun así, los socialistas votarán a favor en 16 de los 18 puntos de la moción.

La moción, más allá de las actuaciones policiales

ERC ya registró el viernes pasado en el Parlamento una propuesta por crear una comisión de estudio sobre "el racismo institucional y estructural en la gestión de la seguridad en Catalunya" La iniciativa llegaba después de que el jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, reconociera que la policía catalana y el resto de cuerpos policiales tienen un "sesgo étnico" en sus identificaciones.

El Parlamento ha pedido este jueves un "compromiso" contra los discursos "más extremistas y racistas" que aseguran que están llevando a cabo partidos como Vox. Así, preguntan al Gobierno que inste en el Gobierno a regularizar a las 150.000 personas en situación irregular en Catalunya y las más de 600.000 personas en el estado español, cómo han hecho países de la Unión Europea como Italia y Portugal.

La moción pide también que los ayuntamientos de todo el territorio catalán hagan efectiva la obligación de toda persona a inscribirse en el padrón del municipio en qué resida habitualmente, ante la negativa de algunos Ayuntamientos a permitir su empadronamiento, así como que se reconozcan las capacidades profesionales de los inmigrantes facilitando la homologación de títulos a fin de que puedan desarrollárse profesionalmente.

Por otra parte, el Parlamento pide al Gobierno que cierren de manera definitiva los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). Consideran que suponen un internamiento forzoso injustificado y –tal como se ha visto durante estos meses en qué se ha mantenido cerrado– innecesario que perpetúa una expresión de racismo institucional y estructural.