El Papa Francisco ha establecido la obligación que los clérigos o los miembros de la Iglesia informen "sin demora" sobre cualquier tipo de abuso sexual del cual tengan conocimiento, y también de los casos de encubrimiento que puedan detectar. A través de un 'muto proprio', Francisco también ordena que todos los obispados creen en un plazo de un año "unos o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público" para presentar denuncias.

Las investigaciones, continúa, tienen que tener una duración de 90 días, aunque se pueden pedir prórrogas por motivos justificados. Las autoridades eclesiásticas se tienen que comprometer con los afectados en la acogida, la atención espiritual y la asistencia médica, terapéutica y psicológica, según el caso.

En esta carta apostólica, el Papa establece como tiene que ser la investigación, quien lo tiene que llevar a cabo y cuánto tiene que durar. El denunciado tiene derecho a defenderse. El responsable de aclarar los hechos puede tener la colaboración de personas cualificadas, incluyendo laicos. Se podrán imponer medidas cautelares a la persona investigada.

Las provincias eclesiásticas y las conferencias episcopales tendrán que establecer un fondo destinado a sufragar el coste de las investigaciones.

En la introducción de la carta, Francesc subraya que los delitos de abuso sexual "ofenden nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales en las víctimas y perjudican la comunidad de fieles". Para evitar que estos casos no se produzcan más, dice, "hace falta una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todo el mundo en la Iglesia". Hay que adoptar procedimientos "dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles".

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