La crisis inmobiliaria ha dejado muchas casas vacías. Muchas, propiedad de bancos que, o bien las han embargado a sus propietarios, o bien directamente a los promotores y constructores que vieron como su empresa hacía aguas y nunca llegaron a vender las viviendas. Son casas, algunas de ellas valoradas entre 800.000 euros y un millón de euros, que han acabado siendo la vivienda perfecta para algunos grupos de okupas. En Alella (Maresme) el fenómeno empezó hace más de 3 años y no ha parado. Hay una veintena de casas okupadas de alto standing, en 7 urbanizaciones diferentes, según los vecinos. El Ajuntament sólo tiene localizadas 11, y entre ellas hay las okupadas por los vecinos que huyeron del barrio de la Mina y Sant Roc de Sant Adrià de Besòs.

La dificultad para echar a un okupa de casa en estos casos se complica porque algunos bancos no saben ni las propiedades que tienen y menos si alguien ha entrado a vivir ilegalmente. Para echar a un okupa hay que denunciar, si no se es lo bastante ágil durante las 72 primeras horas que ha entrado en la casa. Una vez pasado este plazo, tiene que ser un juez quien ordene el desalojo, pero es indispensable que el propietario efectúe la denuncia. Y si el banco es el propietario, los trámites se pueden alargar años.

En el caso de las casas a cuatro vientos, la okupación no afecta a los vecinos más allá de la conducta que puedan tener los okupas fuera de la casa, en el jardín y en la calle. Pero en el caso de comunidades de vecinos, se añade el hecho de que no pagan los gastos de la comunidad y, si hay piscina y jardín comunitario, que se lo hagan suyo.

"No he pagado esta casa para vivir con este tipo de gente"

C.M.S. vive en una comunidad de cuatro casas y dos de ellas están okupadas. En verano comparte barbacoa y fiestas en la piscina. "No he pagado esta casa para vivir con este tipo de gente", dice a El Nacional. Hace dos años que tiene un vecino que entró ilegalmente en la casa del lado. La constructora que le vendió la casa fue a la quiebra i ahora las viviendas son del banco. Y el vecino okupa se instaló y llevó a unos amigos a otra de las casas de la comunidad.

El año 2014 el dueño de la casa denunció la okupación pero a la hora del juicio no se presentó. Las casas ahora ya son de Bankia y el banco no ejecuta ningún trámite para echar a los okupas.

La okupación no es el único problema, para hacer vida normal han pinchado la luz, el agua y el gas de la calle. Los vecinos han avisado a la policía local, pero no sirve de nada, porque al día siguiente vuelven a manipular los contadores. "Llamamos a la policía y dicen que ellos no pueden hacer nada", lamenta. 

"Estoy absolutamente solo desde el 2014", explica mientras relata que se ha puesto en contacto con otros vecinos de Alella que se han encontrado con la misma situación. También ha hablado varias veces con el Ajuntament, para que hagan algún tipo de presión, sobre todo con respecto a los servicios que están pinchando ilegalmente, pero el consistorio no hace nada y no entiende "cómo han dejado que eso llegue a este punto".

Vender la casa y marcharse tampoco es una solución: ¿"Quién me comprará la casa con un okupa a un lado y otro en el otro? No soy yo el que se tiene que marchar". Después de todos los trámites judiciales que no han ido a parar a ningún sitio ha enfocado la lucha hacia el Ajuntament: "A mí me daría vergüenza ser alcalde de Alella y tener más de diez casas okupadas".

"La realidad es ésta"

Desde el Ajuntament admiten que no ha hecho prácticamente nada para solucionar el problema y que han recibido quejas. "La ley es garantista y el margen de maniobra del Ajuntament es tendente a nulo", dice el alcalde Andreu Francisco a El Nacional. "El hecho de que los propietarios sean bancos hace que estas situaciones se alarguen", argumenta.

Francisco no esconde que hay casas okupadas por diferentes perfiles de okupas: "La realidad y la tipología de gente que puede estar okupando estas casas es amplia y variada, desde extranjeros, a personas de etnia gitana y jóvenes nacionales con la mamá con el Audi que les trae la comida".

En Alella hay 3.800 viviendas y según el Ajuntament sólo hay 11 casas okupadas en el Eixample, Nueva Alella, Teixidó y Can Sors. "La realidad es ésta", admite el alcalde. Lo único que ha hecho hasta ahora la policía local ha sido efectuar algunas identificaciones y poner alguna multa relacionada con los animales de los okupas, pero poca cosa más.

Los vecinos sitúan la veintena de casas okupadas en La Serreta, Eixample, Nueva Alella, Can Teixidó, Can Sors, Mas Coll, i Mar i Montanya.

En una entrevista de El Nacional a Andreu Francisco a principios del mes de marzo, antes que estallara toda la polémica, el alcalde aseguraba que no puede hacer nada. Que la ley es blanda y que la policía hace lo que puede. "El margen de maniobra del Ajuntament y los Mossos es muy bajo", decía, para concluir: "La raíz del problema está en manos del legislador".

La okupación de tres casas por parte de diferentes vecinos de la Mina y Sant Roc ha hecho estallar el malestar de los vecinos que ya hacía años que se quejaban. Ahora hace unos días esperaron al alcalde en la salida del pleno municipal y le reclamaron una reunión, que acabó siendo una audiencia pública con unos 200 vecinos donde el Ajuntament admitió errores y empezó a plantear algunas medidas.

La oposición empuja

Desde la oposición, Gente de Alella denuncia que la respuesta del Ayuntamiento "es siempre no podemos hacer nada". Su portavoz, Mercè Marzo dice que el consistorio está impasible e insta el Gobierno a multa los bancos que tienen casas vacías como hacen otros ayuntamientos.

Califica el fenómeno de "okupación agresiva que pone en peligro la convivencia ciudadana" y que eso puede llevar a un problema de inseguridad.