Una legislación "urgente". El ministro de Universidades, el catalán Joan Subirats, ha dado a conocer este lunes el borrador de la nueva ley española de universidades, que presenta novedades como la inclusión de microgrados o del derecho a huelga de los estudiantes. El departamento prevé llevar el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) al Consejo de Ministros durante "las próximas semanas" para que llegue al Congreso de los Diputados antes de finales de junio. Su predecesor, el exministro Manuel Castells, la dejó inacabada. Las anteriores versiones habían llegado a generar protestas del alumnado y también críticas de otros sectores de la comunidad universitaria.
Así pues, el borrador establece que las universidades podrán impartir programas de corta duración, conocidos como microgrados o "microcredenciales". Estas pequeñas formaciones están pensadas como "títulos propios, no oficiales", que pueden tener duraciones variadas con contenidos equivalentes a entre 4 y 30 créditos ECTS. Al mismo tiempo, admitirán tanto a personas con título previo como a aquellas que solo tienen experiencia profesional, pero que pueden acreditar que tienen la capacidad de seguir el curso. Su implantación se trata de un debate presente por toda Europa para solucionar el "desajuste" entre las necesidades formativas y de actualización y una estructura "rígida" de formación. "Hay que conseguir que la LOSU sea la palanca para aumentar la atracción a personas de todas las edades mediante una mayor flexibilidad, es decir, programas cortos sin una duración como la de las estructuras tradicionales", ha detallado Subirats.
Los derechos de los estudiantes
La futura ley también prevé un "despliegue significativo de derechos" de los estudiantes, que por primera vez reconocerá el derecho a huelga o paro académico. Es decir, los alumnos no se arriesgarán a ser penalizados para no asistir a clase o a un examen por este motivo. Las universidades desarrollarán las condiciones para el ejercicio del mencionado derecho y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuado por el órgano de representación de los estudiantes. Según ha explicado el ministro, no se podrá ejercer este derecho en las fechas señaladas para la evaluación.
Por otra parte, los estudiantes podrán controlar la calidad de la docencia que reciben mediante de las guías docentes y de la evaluación de calidad de los profesores. Además, podrán gestionar servicios estudiantiles mediante de las fórmulas que se desplieguen y tendrán derecho a recibir atención psicológica y emocional. Con todo, el proyecto recoge hasta 17 derechos de los estudiantes en términos de formación académica, entre los cuales se encuentran: conocer los planes docentes de las asignaturas en las cuales prevea matricularse y ser informado de la lengua de impartición de cada materia; ser informado con la debida antelación de las modalidades presencial, virtual o híbrida, de la docencia y la evaluación; y acceso prioritario a los cursos de actualización de estudios y formación que la universidad de origen realice.
Reducir la temporalidad
Otro de los elementos que se aborda en el texto es la reducción de la temporalidad, de manera que la ley rebaja del 40% al 20% el profesorado docente e investigador con contrato temporal. Además, se limita la figura del profesor asociado a una docencia de 120 horas lectivas por curso académico, se limita a dos años la duración del profesor visitante y se crea una nueva figura de sustituto para el personal con derecho a reserva del puesto de trabajo. Subirats ha remarcado que la norma pretende "asentar las bases para eliminar la precariedad" entre el profesorado universitario y hacer que la carrera académica sea "más previsible". Se establece un contrato temporal de máximo seis años para ayudante de doctor (revisable al cabo de tres años) que, según el Ministerio, tendría que permitir "rebajar la edad media del profesorado permanente". Además, el primer año tendrán que realizar un curso de formación docente. També ha remarcado que en los próximos ocho años se espera la jubilación del 53% del profesorado permanente, lo cual exige "mejorar muchísimo la capacita de reclutamiento" para incorporar académicos jóvenes.
Finalmente, el Ministerio de Universidades espera llegar a un pacto educativo con las comunidades autónomas para destinar el 1% del PIB de financiación a las universidades, como refleja el anteproyecto. "Alcanzar un mínimo del 1% del PIB, como propone esta ley, debería ser una exigencia de todos y todas", establece el borrador. Subirats ha destacado que se trata "de una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema,", pero también se trata de una norma con un "enfoque firme de derechos" que, además, "revaloriza la función docente", "reduce la precariedad" del personal docente e investigador (PDI) y dota en las universidades de más financiación. "Es una ley que es urgente, necesitamos tener un nuevo marco normativo para enfrentar los retos que tiene la Universidad, que ofrece las herramientas para enfrentar este cambio de época," ha añadido el ministro. "Una ley que aborde los problemas de hoy y prepare las universidades para el futuro", ha concluido.