Rebaja de responsabilidad penal espectacular. El abogado Francisco Comitre ha aceptado una condena de 4 años y 7 meses de prisión por haber liderado una red que estafó a más de un centenar de personas —la mayoría ancianos y personas vulnerables— al apropiarse de su vivienda, engañándolos con productos financieros como hipotecas inversas, entre los años 2009 y 2015. El fiscal, que inicialmente pedía 20 años de prisión para Comitre, ha justificado esta rebaja porque las ventas de los pisos quedarán anuladas, aunque los afectados deben mantener la reclamación civil para recuperar los pisos —algunos en propiedad de terceros— o una indemnización. El notario Enrique Peña, que también lideraba la red, ha aceptado 3 años y 2 meses de prisión, y queda inhabilitado para trabajar en una notaría. Estas penas tan rebajadas pueden significar que ni Comitre ni Peña tengan que ingresar en la prisión o estén muy poco, puesto que son la suma de tres delitos, que individualmente no pasan de dos años cada una, tal como permite la ley. El abogado Comitre sí que tiene una condena por estafa continuada de 2 años y un mes, que le podría hacer entrar en un penal.
La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha realizado la vista de conformidad —también aceptada por las familias afectadas— este lunes, en el auditorio de la Ciudad de la Justicia, ante el volumen de partes. Además de Peña y Comitre hay diez acusados más, que han aceptado penas rebajadas. El juicio se reanudará la semana que viene para aclarar la responsabilidad civil de esta trama de estafadores. El tribunal también resolverá si, al final, les suspende o no la entrada en prisión.
Estafados y desahuciados
Esta red, destapada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, convencía a gente mayor y a personas con necesidades económicas para vender su piso,a cambio de un dinero —siempre inferior al valor real— que al final no se cumplía y, en algunos casos, incluso fueron desahuciados de sus pisos. El notario Peña validaba las operaciones, y también dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), y por eso el Col·legi Notarial de Catalunya ha ejercido de acusación para que sea expulsado. La Fiscalía de Barcelona ha pedido un control más elevado a los notarios para evitar estafas a personas mayores, y ahora ultiman un convenio de colaboración para evitar defraudaciones.
Las principales penas desglosadas
Francisco Comitre ha aceptado: 2 años y 1 mes de prisión, inhabilitación especial para ejercer de abogado y multa de 4.800 euros por estafa continuada y agravada para ser una vivienda habitual en concurso con falsedad documental; 10 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer de abogado y multa de 2.400 euros por blanqueo de capitales, y un año y 8 meses de prisión por liderar un grupo criminal, además de la inhabilitación especial de abogado de 7 años y 8 meses.
David Navarro, intermediario de la trama, ha estado de acuerdo con: 2 años de prisión, inhabilitación para ejercer de abogado, multa de 7 meses a 20 euros diarios por el delito de estafa continuada en concurso con la falsedad documental: 9 meses de prisión por blanqueo de capitales, 1 año y 7 meses de prisión para formar parte de un grupo criminal, además de 7 años y 7 meses de inhabilitación especial de abogado.
Enrique Peña ha aceptado: 1 año y 9 meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer de notario y multa de 6.000 euros por el delito de estafa agravada en concurso con falsedad; 1 año y 5 meses de prisión por el delito de blanqueo, e inhabilitación durante ocho meses.
Finalmente, el resto de acusados ha aceptado 1 año de prisión por el delito de estafa en concurso con la falsedad, con inhabilitación especial y multa de 900 euros; 4 meses de prisión para ser cómplices del blanqueo, y ocho meses de prisión para pertenecer a grupo criminal.
Nulidad de las compraventas
Las acusaciones han aceptado el acuerdo propuesto por la Fiscalía de Barcelona porque las afectaciones de los pisos quedarán retiradas. En concreto, se ha acordado: Nulidad de todos los negocios que se describen en el escrito de acusación: compraventas y créditos hipotecarios y nulidad de sus escrituras públicas; nulidad de los asientos registrales del Registro de la Propiedad a consecuencia de la inscripción de todos los negocios inscritos; escrituras públicas de constitución de las sociedades que se relacionan porque tenían relación con el grupo criminal, y nulidad de asientos registrales del registro mercantil a consecuencia de las escrituras públicas de las sociedades para cometer delitos formaven un grupo criminal.