Aprovecharse del más débil. La Fiscalía pide penas de hasta 20 años de prisión para una trama liderada por un abogado que, con la colaboración de dos notarios, estafó presuntamente entre el 2009 y el 2015 decenas de ancianos para apropiarse de sus viviendas, engañándolos con productos financieros como hipotecas inversas, según el escrito de acusación divulgado este lunes.

En su escrito de calificación, presentado ante el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, el ministerio público acusa a 17 presuntos miembros de la trama de los delitos de estafa en concurso con falsedad documental, blanqueo y organización criminal, y pide la pena mayor, de 20 años y 9 meses de prisión, para el abogado F.C.S., que presuntamente lideraba la trama.

Red destapada en el 2015

La red, destapada en el 2015 por los Mossos de Esquadra y que se apropió presuntamente de más de un centenar de viviendas, se dedicaba presuntamente a estafar personas mayores, sin conocimientos económicos, para quedarse con sus propiedades, en una de las mayores estafas inmobiliarias de España, con decenas de víctimas que en muchos casos fueron desahuciados a raíz del fraude. Según mantiene la Fiscalía, entre los años 2009 en el 2015, el abogado y tres personas más -una de ellas en parador ignorado, por lo cual ha sido declarado en situación de rebeldía- llevaron a término una serie "de actuaciones fraudulentas" con la finalidad "de apoderarse definitivamente" de propiedad inmobiliaria, sin abonar a sus dueños ninguna contraprestación económica o, en ciertos casos, pagándolos un importe muy inferior al valor del mercado.

En un primer momento, añade la Fiscalía, los acusados captaron "clientes con escasos o nulos conocimientos financieros y jurídicos y que se encontraran en situación de necesidad económico-financiera", ofreciendo varios productos financieros en medios de comunicación, principalmente prensa escrita. Se trataba de productos financieros de efectos similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo vitalicio, detalla el ministerio público. De esta forma, contactaron con numerosas personas a las cuales garantizaron que obtendrían dinero mediante los productos financieros ofrecidos o a través de préstamos, para que así pudieran hacer frente a sus deudas.

 La venta de los inmuebles



No obstante, los acusados ocultaban a sus clientes que en realidad no se iba a contratar ninguno de estos productos financieros, sino que se iba a formalizar la compraventa de sus inmuebles "generalmente por un precio aplazado por importe muy inferior a su valor de mercado" y sin ninguna garantía. Según la Fiscalía, la "clave del fraude" consistía que los inmuebles de las víctimas pasaban a manos de la red, sin que los vendedores cobraran el precio de mercado de su vivienda y sin ninguna garantía que les permitiera después recuperar su propiedad si descubrían el fraude o reclamar más dinero por la venta. Para elevar estas compraventas fraudulentas a escritura pública, añade el escrito, la trama contaba con la colaboración de dos notarios acusados -por los cuales la Fiscalía pide casi quince años de prisión-, a más de dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès).

En opinión del ministerio público, los dos notarios acusados "intervinieron y favorecieron los fraudes mencionados" a través de una "infracción masiva" de sus deberes y de la legislación de blanqueo de capitales que estaba en vigor cuando sucedieron los hechos. Estos notarios, según la Fiscalía, "tuvieron que advertir de la probabilidad" que con los negocios fraudulentos "se iba a producir de forma clara y manifiesta un perjuicio por una de las partes derivado del negocio, siendo claro y manifiesto que esta parte contratante no conocía ni asumía este perjuicio." Asimismo, los acusados, según la Fiscalía, utilizaron "a toda una serie de sociedades instrumentales" para ocultar la identidad de las personas que compraban los inmuebles y dificultar que los estafados pudieran recuperar su propiedad en caso de llegar a descubrir el fraude que habían sufrido.