A punto de acabar la instrucción del caso Bankia, que podría hacer sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados al exvicepresidente del Gobierno central Rodrigo Rato, la Audiencia Nacional se prepara para investigar los excesos de Catalunya Caixa durante el tiempo en el cual estuvo al frente de la entidad Narcís Serra. Tras dejar la política activa, los dos exvicepresidentes se volcaron en el sector privado, y sus carreras desembocaron en la presidencia de una entidad financiera, Caja Madrid para Rodrigo Rato y Catalunya Caixa para Narcís Serra.
El precedente de Rato
La gestión de Rato al frente de la caja madrileña le ha supuesto una condena de cuatro años y seis meses de prisión por apropiación indebida en el caso de las tarjetas "black" y puede llevarlo de nuevo al banquillo si el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia, que ya está terminando el caso, decide abrir juicio oral y acusarlo tras cinco años de instrucción. En el caso Bankia, Rato está siendo investigado con varias decenas de exdirectivos de la entidad y de organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por falseamiento de cuentas en la salida a bolsa e irregularidades fiscales.
Las puertas giratorias socialistas
Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González entre 1991 y 1995, llegó a la presidencia de Catalunya Caixa diez años después de dejar la política, tras unos años centrado en el sector privado, como consejero de las filiales de Telefónica en Brasil y Chile. Catalunya Caixa era el fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, y recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas. Ahora se ha convertido para Serra en un quebradero de cabeza por partida doble.
Sobresueldos
Ante el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC), sindicato de las antiguas cajas, ha solicitado la apertura de juicio oral contra Serra y el exdirector general de la entidad, Adolf Todó, a los cuales acusa de administración desleal por los sobresueldos que cobraron a partir del 2010. La CIC solicita seis años de prisión para Todó, al cual atribuye también un delito de apropiación indebida, y cuatro años para Serra; al exdirector general le pide que abone 112.015 euros en concepto de responsabilidad civil y 696.548 euros más de las retribuciones irregularmente recibidas. Se reclama que Serra, Todó y cuarenta exdirectivos más de la entidad, también acusados, abonen de forma solidaria 5,12 millones de euros en concepto de indemnización en la caja por las aportaciones realizadas a planes de pensiones, así como el pago de una fianza de 5,9 millones de euros.
Administración desleal
Y en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya investiga a Serra, Todó y trece altos cargos más por presunta administración desleal a la entidad, que habría originado un agujero de más de 720 millones de euros. Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los cuales la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterráneo (PROCAM). En el escrito de acusación, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos periodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el cual ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos. Lo que el juez quiere aclarar es si los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las cuales se adquirían terrenos no urbanizables o calificados de especial interés, cosa que suponía "un riesgo en la inversión". La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados", y habría emprendido inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.