La Generalitat multará con penalizaciones de hasta 9.000 euros aquellos propietarios que en el plazo de un año no retiren las placas franquistas de las viviendas que señalaban los edificios de protección oficial. La medida fue aprobada dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, aprobada con los votos a favor de JxSí, CUP y CSQP, las abstenciones de Cs y PP y la oposición del PSC.

En el artículo 155 de esta ley, el Parlament aprueba una modificación a la ley de vivienda 18/2007 aprobada por el Congreso. Se añade el hecho de "no retirar las placas ubicadas en viviendas que han dejado de tener la calificación de viviendas con protección oficial" como un supuesto de infracción leve del reglamento. Estas infracciones se sancionan con multas de entre 3.000 y 9.000 euros.

De esta manera, sin hacer referencia directa al franquismo, se pone fecha límite a una medida que ya figuraba en la Ley de Memoria Histórica del año 2007, pero de una manera más ambigua. En aquel caso, se dejaba en manos de "las administraciones públicas competentes" tomar las "medidas oportunas" para retirar placas, insignias y otros objetos que exalten el levantamiento militar o la dictadura franquista.

Así pues, los propietarios tienen un plazo de un año para retirarlas, a contar a partir del día en que la ley se publique en el Diario Oficial de la Generalitat -cosa que se prevé que sea durante esta semana-.