Cerca de mil abogados se han inscrito en un programa para fomentar el uso del catalán en el mundo jurídico. Esta iniciativa, que forma parte de un convenio entre la conselleria de Justícia y el Consejo de la Abogacía, tiene como objetivo extender el uso del catalán a través de la presentación de escritos en lengua catalana.
Los profesionales que en ejercicio del servicio del turno de oficio presenten determinados escritos en catalán, como una demanda, un recurso o una contestación, recibirán una compensación de 14 euros por actuación.
En un comunicado, el Consejo de la Abogacía confía en que esta iniciativa contribuya a potenciar el uso del catalán en los juzgados "ante la alarmante bajada de su uso a la Justicia experimentada en los últimos años". "Según datos del Departamento de Justicia, el año 2019 sólo un 8,5% de las sentencias dictadas a Catalunya fueron emitidas en catalán, con respecto al 12,2% de hace seis años. La bajada del uso del catalán en los juzgados es cada vez más preocupante desde que en el 2004 se llegó a un máximo del 20% de sentencias en catalán", ha alertado el órgano.
Un derecho contemplado en el Estatut
La presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, María Eugènia Gay, ha destacado "el derecho de la ciudadanía a utilizar el catalán como lengua oficial en Catalunya, tal y como reconoce el Estatut, teniendo los poderes públicos la obligación de establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos lingüísticos de las personas ante las administraciones públicas".
Para Gay, "las ratios del uso del catalán a la justicia nos señalan la necesidad de seguir incidiendo enérgicamente en la protección y el impulso de la lengua catalana, así como de llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad colectiva con el fin del mejorarlas".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Lengua del Consejo de la Abogacía Catalana y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu i Casals ha alertado de "la situación crítica que vive hoy el catalán en el ámbito de la administración de justicia, donde su uso es absolutamente residual, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos".
Montoliu ha añadido que "resulta imprescindible la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para proteger de manera efectiva los derechos lingüísticos de los catalanes y del resto de hablantes de lenguas cooficiales, así como el establecimiento del requisito de conocer el catalán a todos los jueces, fiscales y al resto de profesionales de la administración de justicia que ejerzan sus funciones en Catalunya".