Más de un centenar de personas se han concentrado este viernes convocadas por la PAH delante del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat para denunciar que "los desahucio matan" y como muestra de pésame por la muerte del vecino del municipio que ayer saltó de un décimo piso cuando lo iban a desahuciar de su casa al barrio de Sant Ildefons.

Entre gritos de 'no son suicidios, son asesinatos', se han hecho cinco minutos de silencio. En la concentarción, han asistido el alcalde Antoni Balmón con una amplia representación del consistorio y el diputado de ERC al Congreso y vecino del municipio, Joan Tardà, entre otros.

El portavoz de la PAH de Cornellà de Llobregat, Víctor González, ha confirmado que no tenían constancia de este caso y ha denunciado que a día de hoy gestionan una cincuentena de casos de desahucios en el municipio. "Ayer paramos tres desahucios y cinco durante toda la semana. Si hubiéramos conocido el caso de Jordi quizás habríamos podido hacer alguna cosa", ha lamentado. 

En declaraciones a los medios de comunicación, Víctor González ha explicado que en Cornellà de Llobregat, como otras ciudades de Catalunya, se producen desahucios casi a diario y que la PAH trabaja con las herramientas de que dispone para evitar el máximo número posible. Aquí, ha lamentado la poca coordinación existente con los servicios sociales municipales que, según, ha denunciado, "nunca han escuchado a la PAH". "Hace 22 días enviamos un informe con todos los casos urgentes que tenemos, entre ellos los tres desahucios que paramos ayer, y todavía no hemos obtenido respuesta", ha lamentado.

La cartera inmobiliaria los bancos

El portavoz de la PAH ha recordado que cuando tratan con los bancos para parar desahucios y reclamar un alquiler social para las familias vulnerables, estos les piden que sean los servicios sociales municipales los que lo soliciten, de aquí la urgencia de trabajar más coordinadamente con el consistorio.

Es por eso que González ha reclamado "una relación más fluida" con el ayuntamiento y que la PAH sea incluida en la Mesa de la Vivienda. Además, ha destacado la necesidad de que el consistorio cree un protocolo de actuación por abordar los casos de desahucios de familias vulnerables que tenga, como primer paso, incluir a estas familias en la Mesa de Emergencia Habitacional porque, cómo contempla la ley 24/2015, sea la administración quien les dé una alternativa y pare el desahucio. "A todas las familias que acuden a nosotros el primero que los decimos es que se apunten a la mesa y eso mismo lo tendría que hacer también el ayuntamiento estableciendo un protocolo de actuación", ha añadido.

González también ha aclarado que si bien el desahucio lo llevó a los juzgados el Banco Popular, la entidad propietaria del piso cuando se hizo el contrato de alquiler, actualmente forma parte de la cartera inmobiliaria de Blackstone, un 'fondo buitre' norteamericano que compró los activos tóxicos del Banco Santander. El portavoz de la PAH ha añadido que muchos de los casos que gestionan son viviendas propiedad de estos fondos que no pueden presentar denuncias a los juzgados y que lo delegan en los bancos a quien los habían comprado.

También ha asegurado que en muchas ocasiones actúan de "manera mafiosa" ofreciendo dinero a los arrendatarios con impagos para que se marchen sin tener que recurrir a la vía judicial. "Las situaciones que se viven son mafiosas porque eso no se puede hacer y más si se trata de familias que están en riesgo de exclusión", ha dicho.