El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han acordado hoy el catálogo de servicios esenciales en la Administración de Justicia, a la espera de las medidas concretas contenidas en el decreto ley en lo que mañana el Consejo de Ministros aprobará la declaración del estado de alarma anunciado por el presidente de Gobierno en relación con la pandemia de coronavirus COVID-19.

Se prevé la suspensión de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, garantizando los servicios esenciales de la Administración de Justicia, según el acordado por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía y que consisten en las siguientes actuaciones:

1. Cualquier actuación judicial que, de no practicar-, pudiera causar perjuicio irreparable.

2. Internamientos urgentes del artículo 763 de la LEC.

3. La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 CC.

4. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular tendrán que asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

5. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, tienen que asegurar a la expedición de licencias de entierro, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 CC.

6. Las actuaciones con detenido y otros que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos del cadáver, entradas y registros, etc.

7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.

8. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.

9. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales la resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso electoral.

10. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de ERE y ERTEs.

11. En general, los procesos en que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos el aplazamiento impediría o haría muy costosa la tutela judicial reclamada).

12. Los presidentes y decanos a adoptar las medidas que sean procedentes relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y / o desalojo de las mismas en el caso que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente.

Los juicios más mediáticos que se estaban celebrando estos días o que iban a empezar en las próximas semanas quedan suspendidos por el orden del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) de cancelar toda la actividad a la Comunidad de Madrid por la pandemia de coronavirus. Eso incluye, entre otros, las vistas orales contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; la contratación de la trama Gürtel para la visita del Papa en Valencia; y la excúpula de Pescanova.

El juicio en la Audiencia Nacional contra Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig estaba ya encarando la recta final y, después de 26 sesiones, sólo faltaba para conocer la acusación definitiva de la Fiscalía, que ha mantenido durante toda la vista el delito de rebelión pero había adelantado que tendría en cuenta la sentencia de Tribunal Supremo por sedición. De momento, habrá que esperar para saber si finalmente rebaja su acusación y también para la exposición de los informes finales de las partes.

Otra vista oral que estaba muy avanzada en la Audiencia Nacional es el de la excúpula de Pescanova, que empezó el pasado diciembre en la sede de tribunal en San Fernando de Henares (Madrid), donde esta semana había empezado otro macrojuicio, el sexto del 'caso Gürtel', en este caso contra 23 acusados por la contratación de la trama liderada por Francisco Correa para los actos por la visita del Papa Benito XVI en Valencia en el 2006. Los dos juicios quedan también suspendidos hasta nueva orden.

También en la Audiencia Nacional se estaba celebrando la vista oral contra los líderes de Ausbanc y Manos Limpias por presunta extorsión. En este caso, sólo se habían celebrado seis sesiones, la última este mismo viernes y que se ha tenido que suspender por la presencia de un acusado que ha estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19.

En este mismo tribunal, quedan suspendidas también las declaraciones en fase de instrucción. Entre otros, la semana que estaba prevista la citación del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastià Albella, en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Banco Popular a mediados de 2017.

Villarejo

Este mes de marzo, en concreto el día 23, estaba previsto que empezara un juicio muy esperado, el cual se va a sentar en el banquillo por primera vez al comisario jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsifica contra el exdirector de Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán por los cuales la Fiscalía Provincial de Madrid pide dos años de prisión.

Más allá de la comparecencia de Villarejo, el interés mediático de este juicio reside en su listado de testigos. Además del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera, y el ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefe de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperança Casteleiro, está prevista la declaración por videoconferencia de la examiga del Rey Joan Carles Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

La empresaria declarará por petición de la defensa del comisario, ya que acusa a Sanz Roldán de estar detrás de una "campaña" en contra suya y de amenazar personalmente en un hotel del Reino Unido en el año 2012, después de que el rey Juan Carlos tuviera el accidente en Botsuana.

Tribunal Supremo

Con respecto al Tribunal Supremo, se trata de un órgano de casación y fijación de doctrina, de manera que no se suelen practicar interrogatorios o no celebrar juicios, excepto en ocasiones muy contadas de personas aforadas. De momento no hay orden de cancelar las deliberaciones por parte de los suyos diferentes salas, una medida que podría adoptarse el martes que viene, cuando se reúna de forma extraordinaria su Sala de Gobierno.

Fuentes de la Sala de lo penal han señalado a Europa Press que durante estos días están tratando de fomentar el teletrabajo, de manera que la mayoría de los magistrados están analizando y redactando en sus domicilios diferentes resoluciones que les corresponden por ponencia o de carácter individual.

Es el caso de la petición de suplicatorio a en el Congreso de los Diputados para poder proceder contra la portavoz de JxCat, Laura Borràs, para poder investigarla formalmente por|para las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo cuándo esta estaba al frente de la misma. Esta decisión, en la cual trabaja el magistrado Eduardo de Porres podría retrasarse, si bien la actual paralización de la actividad en las Corts le resta urgencia, ya que de ordenar-no se le podría dar trámite a horas de ahora.

Dos asuntos están ahora mismo en plena deliberación. Se trata por una parte de los recursos presentados por los líderes de la Gürtel, Francisco Co

Madrid, Digiriera Basc,Haro e Igualada

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes suspender todas las actuaciones judiciales programadas a la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Haro (la Rioja) e Igualada (Barcelona) ante la pandemia de coronavirus.

En estos territorios, donde también se suspenden los plazos procesales, se garantizarán los servicios esenciales y de guardia, asegura el CGPJ en un comunicado después reunirse de manera extraordinaria por segunda vez en esta semana su comisión permanente.

Este órgano ha acordado, además, extender en el resto del territorio nacional el escenario 2 que había definido en su primera instrucción y que permite a los jueces suspender vistas por razones sanitarias, con autorización del presidente de Tribunal Superior de Justicia.

A la reunión se ha diseñado un nuevo escenario, el 3, para los territorios en que las autoridades adopten medidas colectivas urgentes y necesarias para la salud pública adicionales.

En él se encuentran a estas alturas la Comunidad de Madrid, el País Vasco y los partidos judiciales de Haro e Igualada, donde se garantizará "cualquier actuación judicial, que, de no practicar-, pudiera causar perjuicio irreparable" y la adopción de medidas cautelares y otras decisiones "inaplazables", subraya el CGPJ.

Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan; el Registro Civil prestará atención a las horas de audiencia para inscripciones perentorias; y se mantendrán las actuaciones con presos o detenidos.

El CGPJ ha acordado reforzar los órganos del orden contencioso para que puedan autorizar o ratificar con agilidad las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública y que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como entradas en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.

Algunos de estos servicios esenciales también han sido incluidos en una nueva instrucción de la Fiscalía General del Estado, que hace dos días ya implantó el teletrabajo y suspendió inspecciones no imprescindibles en prisiones y otros centros.

Además de los citados servicios, figuran las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, recursos contencioso electorales, y en general los procesos en que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes.

Serán los fiscales superiores que tengan que proponer el número de funcionarios necesarios en cada caso y comunicarlo a las administraciones competentes.

Las asociaciones de jueces y fiscales, muy críticas con las directrices que hasta ahora había adoptado el Consejo, habían pedido esta mañana la dimisión del presidente de CGPJ, Carlos Lesmes, si no reforzaba las medidas y establecía un criterio común para todo el país, al considerar que las instrucciones ofrecidas hasta el momento generaban "caos".

De las siete, sólo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha suscrito su propio comunicado en que exigía "la inmediata suspensión" de señalamientos no urgentes.

En Catalunya

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado este viernes la suspensión y reprogramación de las actuaciones procesales señaladas y los actos judiciales no urgentes por el riesgo de contagio de coronavirus y ha decretado la limitación de acceso a dependencias judiciales.

En un documento enviado por el alto tribunal catalán, su presidente, Jesús María Barrientos, ha decidido autorizar la cancelación de las actuaciones judiciales programadas que no tengan carácter de urgencia después de que así fuera solicitado en la sala de gobierno por 29 partidos judiciales.

Esta medida ha sido estipulada después de que la Organización Mundial de la Salud haya elevado a nivel de pandemia de los riesgos de propagación del COVID-19 y haya instado a tomar las medidas necesarias para contener la expansión del contagio.

El TSJC ha tomado esta decisión ante la "imposibilidad de espaciar los señalamientos" y permitir que entre ellos haya tiempo suficiente para evitar aglomeraciones de personas "dado que las agendas están señaladas con antelación de meses".

El acuerdo subraya, además, que los edificios judiciales, como la Ciutat de la Justícia de Barcelona, acogen diariamente "centenares, cuando no miles" de ciudadanos, cosa que no permite respetar las recomendaciones dadas en relación al espacio mínimo entre personas que contribuyen a las actuaciones programadas, están en las salas de vistas o espera, así como en pasillos y accesos.

Se acuerda también que la petición de suspensión de todas las vistas y señalamientos por parte de abogados y procuradores, así como de clientes, peritos o testigos que no quieren acceder a edificios "donde no es posible adoptar medidas para evitar la aglomeración", ya está provocando "de manera generalizada" la suspensión y reprogramación de las actuaciones procesales no urgentes.

De hecho, los 59 juzgados civiles, 17 contenciosos y 11 mercantiles de Barcelona acordaron ayer suspender las vistas no urgentes en las próximas semanas, mientras en la Ciutat de la Justícia se extendían las medidas profilácticas para evitar contagios.

También los juzgados de instrucción de Barcelona han acordado hoy suspender todos sus señalamientos y las diligencias, con la excepción de las que correspondan a los juzgados de guardia, así como adoptar medidas profilácticas y de protección enfrente de virus, han señalado fuentes jurídicas.

Esta decisión, que ha avalado y extendido hoy en otros partidos judiciales el TSJC, fue adoptada ayer por los titulares juzgados de cada una de estas jurisdicciones.