Reacción. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha anunciado este viernes que remitirá en la fiscalía para que "realice las investigaciones pertinentes y, si procede, ejerza acciones legales oportunas" contra el exjuez Fernando Presencia por hacer públicas "imputaciones radicalmente falsas realizadas" contra él y magistrados del Tribunal Supremo, a los cuales acusa de tener dinero en paraísos fiscales y procedentes de sobornos. Precisamente, el presidente de la sala II del Supremo, Manuel Marchena, ha enviado una carta a Lesmes en que le pide su amparo porque Presencia ya ha hecho acusaciones "a al menos nueve miembros de la sala". En la carta, Marchena expone que el exjuez Presencia ha sido condenado dos veces por prevaricación judicial por la sala que dirige, y que expresa "la indignación" de los magistrados de la sala.
El exjuez hace difusión de estas noticias a través de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) y en una de las últimas decía: "Conmoción en el mundo judicial. Sorprendido con 2 millones de euros en un paraíso fiscal el magistrado del Supremo instructor del procés, Pablo Llarena Conde," y añade un documento. Lo ha repetido con Lesmes, otros magistrados y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. "Estas noticias no se han limitado a un titular en una determinada dirección URL. Han sido replicadas en Twitter y en otras redes sociales y difundidas en entrevistas en Youtube", alerta el juez Marchena en su carta la presidente del Poder Judicial.
Daño irreversible
"Los magistrados que integramos esta sala queremos hacerle llegar no solo la indignación que nos asalta por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas, calumniosas, que no tienen ninguna relación con la verdad de nuestra situación patrimonial, sino por el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo", afirma el presidente de la sala segunda, Manuel Marchena.
Marchena añade que Fernando Presencia fue expulsado de la carrera judicial y que ha sido condenado por la sala segunda del Supremo dos veces por delito de prevaricación judicial, y "se sigue presentando como juez en todas sus comparecencias públicas", cargo del cual fue inhabilitado, insiste. Marchena precisa que su preocupación "aumenta por el hecho de que estas imputaciones están hechas desde una asociación, la ACODAP, que podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pueda ser utilizado para denigrar a personas e instituciones que, por una razón u otra, se oponen a los designios de su promotor", y que Presencia "puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen será destinado a la búsqueda de informaciones que demuestren la corrupción de magistrados de esta sala". Por eso, Marchena en nombre de todos los magistrados de la sala de lo penal del Supremo, pide el amparo del presidente del Poder Judicial.
Expulsado el 2012
El exjuez de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, que ha sido condenado e inhabilitado en varias ocasiones para favorecer a amigos en procesos judiciales, presentó el abril pasado una denuncia contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a la fiscal general Dolores Delgado, en la cual acusaba a los dos de mover dinero en paraísos fiscales y formar parte de una organización criminal responsable de mil asesinatos en España. La Audiencia Nacional rechazó la querella y puso el caso en manos de jueces de su ciudad natal por si estuviera utilizando documentos falsificados. El año 2012 Presencia fue sancionado y expulsado de Valencia por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ejercía en un juzgado del mercantil. Incluso, se le obligó a trasladarse fuera de la ciudad para dar cursos de derecho mercantil sin la autorización obligatoria.
En mayo del 2017, el Tribunal Supremo condenó Presencia a una década de inhabilitación por prevaricar al favorecer a un amigo acusado de un atropello con huida. La segunda condena fue avalada por la misma sala de lo penal, en el 2019: otra década más de inhabilitación, por favorecer a un amigo que estaba siendo investigado por estafa en su juzgado. Posteriormente, ha sido condenado a más de dos años de prisión por denuncia falsa y calumnias contra Ángel de la Creu, fiscal de Talavera de la Reina.