La lucha contra la proliferación de los narcopisos en Barcelona contará con el refuerzo de agentes de la Policía Nacional. Esta es la oferta que la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha hecho a la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau; una oferta que la líder de los comuns no ha dudado en aceptar. Estos agentes trabajarían en coordinación con los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana. Harían un trabajo de investigación porque la cuestión de los narcopisos responde "a redes de narcotraficantes que van más allá del municipio".
Este es uno de los puntos que se han acordado en la reunión que han mantenido Cunillera y Colau, que en palabras de la alcaldesa ha sido un primer paso para "recuperar la normalidad institucional".
La emergencia de la vivienda
Colau también ha puesto encima de la mesa la cuestión de la vivienda que, según ha dicho, será uno de los temas primordiales de la reunión bilateral Estado-Generalitat de la próxima semana.
Según la alcaldesa, espera "con impaciencia" que se impulse la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que tiene que permitir alargar los contratos de alquiler y poner freno a las subidas abusivas. También ha pedido la retirada del recurso de la ley de emergencia de la vivienda porque "es una vergüenza que esté paralizada".
La retirada del recurso que limita las VTC
El encuentro entre las dos administraciones ha coincidido con la huelga de taxis de Barcelona a raíz de los recursos presentados por el Gobierno contra el reglamento metropolitano aprobado la semana pasada, que limita las licencias de vehículos de alquiler en conductor. Colau ha pedido a Cunillera que "encuentre el modo" de levantar la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya mientras no se resuelve la cuestión.
El Ministerio de Fomento cree que el reglamento aprobado por la Autoritat del Transport Metropolità invade competencias y basa su recurso en una serie de informes jurídicos. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, considera que lo único que ha hecho es encontrar la manera de aplicar en el ámbito municipal lo que ya dictamina la legislación vigente: que tiene que haber un máximo de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.