En un acto entre el Gobierno y la Iglesia católica, esta última ha renunciado a las exenciones de los impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los que afectan a las Contribuciones Especiales, que estaban contemplados en los Acuerdos con la Santa Sede. Este nuevo régimen fiscal al cual se someterá la Iglesia ha sido anunciado por la Conferencia Episcopal y el Ministerio de la Presidencia.

Así pues, el acuerdo se hará efectivo este mismo miércoles a medianoche. El pacto equipara el régimen fiscal de la Iglesia con el de las entidades sin ánimo de lucro, en base "al principio de no privilegio y no discriminación", según se recoge en el comunicado conjunto que han elaborado. De esta manera, el Gobierno derogará el orden ministerial de 5 de junio del 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión de este impuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

Al fin y al cabo llega un año después de las inmatriculaciones de la Iglesia, Entonces, la Conferencia Episcopal admitió entonces que no le correspondía la titularidad de un millar de los 34.961 bienes inmuebles que puso a su nombre gracias a una ley de Aznar.

El censo de los bienes de la Iglesia

Queda fuera de este acuerdo la posibilidad de que la Iglesia pague el Impuesto sobre los Bienes e Inmuebles (IBI). Justamente sobre los bienes de la Iglesia católica crece la voluntad de fiscalización. El Parlamento de Catalunya aprobó el pasado 9 de febrero instar al Gobierno a hacer un censo de bienes inmuebles con las fincas afectadas por las immatriculacions a favor de la Iglesia católica. Así como hacer una aproximación sobre la necesidad de impulsar actuaciones encaminadas a su recuperación por parte de los particulares.

Este punto de la moción, impulsada por la CUP, ha sacado adelante los votos de este grupo, junto con los de PSC-Units, ERC y Junts y comunes, y los votos en contra de Vox, Cs y PP. Según el texto, para este censo se tendrá en consideración el trabajo ya documentado en un estudio hecho el 2020, además de un informe del Gobierno de febrero del 2021.

También se ha aprobado requerir las autoridades eclesiásticas pertinentes y los registros de la propiedad que correspondan que, en el "improrrogable plazo de seis meses", aporten una lista íntegra de todos los bienes inmuebles inscritos a favor suyo de acuerdo con certificados de dominio emitidos por sus cargos eclesiásticos y la documentación que conste en sus archivos en relación con estos bienes. Además, se emplaza a seguir mejorando el trabajo para la reversión de bienes "indebidamente immatriculados a favor de la Iglesia", así como a velar y garantizar, a través de los mecanismos de mediación existentes, para la reparación de los afectados.