La Fiscalía de Barcelona tiene abiertas más de 230 diligencias civiles sobre la gestión de las residencias geriátricas durante la pandemia, sobre todo con respecto al cumplimiento de los protocolos sanitarios y los planes de contingencia. La mayoría de diligencias penales se archivaron, pero la sección de discapacidades y de tutela de la Fiscalía quiere conocer el estado de estos centros, que en las primeras semanas de pandemia vivieron muchos brotes graves con centenares de muertos, según ha publicado El Periódico.

El 10 de junio del 2020, la Fiscalía tenía 109 procesos abiertos en Catalunya. De momento, la Fiscalía ha enviado oficios a los geriátricos pidiéndoles la lista de residentes y la situación de cada uno, pruebas PCR, contagiados, ingresos hospitalarios o muertes. También pide explicaciones sobre la organización del centro, plantilla, equipos de protección y protocolos internos y externos. Por último, el ministerio público también ha requerido explicaciones a la Generalitat.

Cuando la pandemia lo permita, los fiscales podrían hacer visitas presenciales a los centros, y si detectan alguna irregularidad delictiva, la podrían derivar al ámbito penal. El 25 de junio del 2020 la Fiscalía reclamó a la Generalitat el total de fallecidos en las residencias y cuántas PCR habían hecho. Durante el último año, y sobre todo con la vacunación, la situación en las residencias ha cambiado, pero el ministerio público quiere analizar las primeras semanas de gestión de la pandemia cuando no se trasladaron muchos de los positivos en los hospitales y no se hizo la segmentación correctamente.

Las denuncias que se presentaron en un primer momento eran tanto de familiares como de asociaciones que vieron vulnerados los derechos fundamentales de los ancianos. La presidenta de la patronal ACRA, que agrupa las residencias, Cinta Pascual, era muy clara en declaraciones en ElNacional.cat y exponía la situación vivida durante la crisis del coronavirus dentro de los centros, la falta de recursos, la vulneración de derechos fundamentales y la situación poscolapso que abre ahora una puerta judicial.