Cuando todavía están en marcha los trabajos para rescatar Julen en la finca de Totalán (Málaga), la justicia ya investiga las circunstancias que llevaron al trágico accidente. El juzgado de instrucción número 9 de Málaga ha abierto diligencias después de recibir el informe del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que determina que el pozo era ilegal.

El informe, según informa El Mundo, acredita que el pozo donde cayó Julen el 13 de enero pasado era ilegal, así como las obras que se hicieron días antes del accidente y que comportaron que se moviera la piedra que cubría el pozo.

De los interrogatorios del propietario de la finca, familiar de los padres de Julen, y del pocero se desprende que ni la apertura del pozo ni los trabajos posteriores tenían la autorización ni de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Totalán.

Movimientos de tierra

El pozo se abrió el 18 de diciembre. Posteriormente se hicieron movimientos de tierra para hacer una explanada y fue durante estos trabajos que el pozo quedó al descubierto. La Guardia Civil sospecha que el propietario de la parcela pretendía hacerse una casa.

Durante los interrogatorios de la Guardia Civil el propietarios del terreno y el pocero se han culpado mutuamente sobre las autorizaciones. El pocero declaró que pensaba que tenía la autorización porque así le había dicho al propietario, y la el revés. Los investigadores dan credibilidad a la declaración del pocero cuando dice que tapó el pozo, si bien consideran que tendría que haber sido sellado completamente.