La Generalitat ha asumido responsabilidades por el crimen de Núria López, la cocinera asesinada el 13 de marzo del 2024 por un interno de la prisión de Mas d'Enric (Tarragonès). El Departament de Justícia ha comunicado que ha admitido que el funcionamiento del sistema penitenciario fue insuficiente y que "no se cumplieron los estándares de calidad exigibles". El ejecutivo catalán ha respondido así a la reclamación patrimonial presentada por los cuatro familiares de la víctima, a los cuales ofrece una indemnización total de 40.400 euros (10.100 por persona), muy lejos de los 1,7 millones que reclaman. A pesar de todo, Justicia asegura que el procedimiento administrativo sigue abierto y que la familia puede presentar recurso.
Los familiares de la víctima interpusieron una reclamación patrimonial ante el departamento de Justicia y este ha seguido un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, dirigido al reconocimiento del daño que -a raíz del funcionamiento del servicio público penitenciario y de las disfunciones detectadas- han sufrido los familiares de Núria a consecuencia de los hechos. En el marco de este procedimiento, y a consecuencia del reconocimiento del mencionado daño, se ha acordado la declaración del derecho de los familiares a ser indemnizados económicamente por parte de esta administración pública.
El asesino cumplía condena por haber matado a una mujer
El caso de Núria López sacudió de lleno el sistema penitenciario catalán. Era la primera vez, en democracia, que una trabajadora de una prisión moría asesinada por un interno. El agresor, Iulian Odriste, cumplía una condena de 11 años por haber matado a una mujer en el 2016, en circunstancias similares. El día de los hechos, atacó a Núria en la cámara frigorífica y posteriormente se suicidó. Aquel crimen provocó cambios inmediatos en los protocolos y la prohibición que internos condenados por delitos violentos trabajaran en la cocina.
Las medidas adoptadas por el Departamento de Justicia
Desde el departamento de Justicia se han adoptado varias medidas de seguridad y organizativas para prevenir que se pueda volver a producir un episodio como este: el septiembre pasado entró en vigor la circular 1/2024, por la cual se redefinían los criterios de distribución de tareas entre los internos y se impedía que los penados por delitos de extrema violencia puedan acceder a objetos peligrosos. El departamento de Justícia i Qualitat Democràtica, tal como relata en un comunicado, está totalmente comprometido con la seguridad de los funcionarios de prisiones y trabaja para mejorar las garantías que lo hacen posible, como por ejemplo el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad, una medida que se encuentra en tramitación parlamentaria.