Julio Iglesias ha tardado tres días en romper su silencio tras las acusaciones que salieron a la luz a raíz de las investigaciones periodísticas conjuntas de elDiario.es y Univision, basadas en el testimonio de dos extrabajadoras del cantante en sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas. La Fiscalía abrió diligencias penales preprocesales para investigar delitos como agresión sexual, acoso, tráfico de seres humanos con fines de servidumbre y lesiones, con las víctimas protegidas. Después de que este jueves, a través de una conversación privada con la revista ¡Hola!, el cantante avanzara que estaba preparando su defensa y que pronto hablaría, finalmente lo ha hecho hoy a través de un comunicado en sus redes sociales. En este escrito de tres párrafos, Iglesias asegura que “niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto de ninguna mujer” y afirma, de manera categórica, que “estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”. El cantante español, de 82 años, deja claro que llegará al final de la cuestión para defender su honorabilidad. “Nunca había sentido tanta maldad, pero todavía me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. Iglesias concluye el comunicado agradeciendo el apoyo de quienes han creído en su inocencia. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han enviado mensajes de afecto y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.
Iglesias ha roto su silencio, posiblemente asesorado por el abogado que ha escogido para defenderle en este caso, José Antonio Choclán Montalvo, exmagistrado de la Audiencia Nacional y socio fundador de Choclán Abogados, que ha defendido a figuras mediáticas como Víctor de Aldama (caso Koldo), Cristiano Ronaldo (fraude fiscal), Rita Barberá (acusada de blanqueo de dinero) y Corinna Larsen, durante la investigación del caso Villarejo que salpicó al rey emérito, Juan Carlos de Borbón. Anteriormente, representó al hermano de Iglesias, Carlos Iglesias, en un fraude fiscal en 2023, hecho que influyó en su elección. Choclán es uno de los abogados de moda en casos de corrupción, y él mismo se define en su página web como “uno de los abogados más cotizados en el mercado legal español en la defensa de procedimientos penales” y “su especial conocimiento de los tribunales le proporciona una experiencia y una capacidad de postulación necesarias para la defensa de los asuntos forenses más complejos, tarea en la que ha alcanzado un prestigio y un reconocimiento importantes”. En el mismo perfil, este magistrado de carrera por oposición, explica que “ha servido durante los años de ejercicio de la función jurisdiccional distintos destinos judiciales, siempre en el orden penal, el último como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con amplia experiencia como Juez de Instrucción, Juez de lo Penal y Magistrado de Audiencia”.
Según recoge El País, de fuentes jurídicas, Choclán es definido como “el abogado de las estrellas”, porque entre sus clientes, además de los antes mencionados, también figuran la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que defendió cuando la acusaron de posible falsificación del título de un máster y de la que consiguió la absolución. También representó a Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel. El abogado también consiguió que el comisionista Víctor de Aldama saliera rápidamente de prisión provisional poco después de su declaración en el caso Koldo, en noviembre de 2024, gracias a una estrategia de pacto rápido con la Fiscalía. Aldama contrató a Choclán en marzo de 2024 para negociar un acuerdo que incluyera atenuantes por cooperación, como confesar detalles de comisiones por 6,7 millones de euros en contratos de mascarillas. El letrado, experto en "libertades exprés", facilitó su salida de la cárcel casi inmediata tras la comparecencia, destacada como uno de los movimientos más inteligentes del investigado.
Ahora, Choclán volverá a estar en el foco en uno de los casos más mediáticos que habrá llevado. Julio Iglesias se enfrenta a una investigación penal por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por presuntos delitos graves como el tráfico de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales. La denuncia, presentada el 5 de enero por dos extrabajadoras (una del hogar y una fisioterapeuta), alega hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021 en sus residencias de la República Dominicana y las Bahamas, incluyendo penetraciones no consentidas, tocamientos, bofetadas, vejaciones y jornadas de hasta 16 horas sin descanso. Se señala un "grupo criminal" con Iglesias como autor principal y dos encargadas como colaboradoras, agravado por su posición de poder y la vulnerabilidad de las víctimas.
Los cargos podrían acarrear hasta 20 años de prisión combinados, según análisis aparecidos en los medios, dada la gravedad del delito de tráfico de seres humanos (hasta 8 años) y de las agresiones con violencia ambiental, según el Código Penal del 2021. Las diligencias son reservadas para proteger a las denunciantes, que cuentan con el apoyo de Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional.