Siete hombres y dos mujeres han sido escogidos este viernes para juzgar al acusado por el doble crimen de Aspa (Segrià). Dos hombres más se han escogido como suplentes. Justamente dos años después de los hechos. La fiscalía pide 48 años y cuatro meses de prisión para Ismael Rodríguez, al cazador acusado de haber matado a dos agentes rurales, Xavier Ribes, de 43 años, y David Iglesias, de 39, el 21 de enero del 2017 cuando hacían un control rutinario de caza. Tanto el ministerio público como las acusaciones consideran el crimen asesinado y piden hasta 51 años de prisión mientras que la defensa lo califica de homicidio, lo cual podría rebajar la pena a la mitad.

Según la fiscalía, el asesino confeso, vecino de Vacarisses (Vallès Occidental) y de entonces 28 años disparó dos tiros a cada uno con una escopeta, sin licencia, con la voluntad de acabar con su vida. Pide que se condene el acusado por los delitos de asesinato, atentado contra la autoridad y tenencia ilícita de armas. Rodríguez los disparó con una escopeta que no era suya. Es por eso que este lunes también se sentará en el banquillo de los acusados el propietario del arma, Miguel Àngel F. S., acusado de cooperador necesario.

Está previsto que este lunes declaren los acusados y seis Mossos d'Esquadra encargados de la investigación. Para el martes están programadas las declaraciones de cinco Mossos más, diez testigos, entre ellos algunos cazadores que estaban en la zona el día de los hechos, así como los peritos forenses. Miércoles está prevista la declaración de otros peritos, como los de balística, y las conclusiones e informes de las partes. El jueves se entregará el objeto del veredicto al jurado que tendrá que valorar los hechos expuestos, sin límite de tiempo. Una vez hecho público el veredicto será la Audiencia de Lleida quien establezca la condena exacta.

''Esperamos que al juicio se haga justicia''

Marc Costa, director general de los Agentes Rurales, confía y espera que ''se haga justicia'' y se pruebe la ''responsabilidad del asesino''. Es por eso de que pide que se le imponga la máxima pena porque es un hecho muy grave y ''queremos una respuesta a la altura de lo que pasó'' por parte del tribunal que tiene que juzgar al acusado.

Costa señala que las medidas que se han adoptado después de estos dos años han sido muy bien aceptadas por parte del colectivo de cazadores. Asegura que las inspecciones se hacen con ''total normalidad'' y el cazador entiende perfectamente que se tiene que dejar el arma en el suelo mientras está con los Agentes Rurales.

El refuerzo de los Agentes Rurales

Los Agentes Rurales no han sufrido ninguna agresión física en los últimos dos años, desde que tuvo lugar el crimen de Aspa (Segrià), cuando un cazador mató a tiros a dos agentes que le iban a hacer una inspección. Si que se han registrado 30 amenazas, de las cuales 18 fueron el 2017 y 12 en el 2018. De estos 12 incidentes del año pasado, sólo 5 fueron con cazadores. El director general de los Agentes Rurales, Marc Costa, ha explicado a la ACN que estos datos se han obtenido mediante el canal de comunicación ''de'accidentes y agresiones'' que se estableció después de los hechos de Aspa para valorar el ''grado d'incidencialitat'' dentro del cuerpo. El Gobierno confía aprobar este 2019 el reglamento de armas que tiene que permitir llevar pistola y defensas extensibles en los agentes.

A raíz del crimen de Aspa, desde febrero de 2017 se estableció un nuevo canal de comunicación de incidencias con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Agricultura con el fin de registrar la incidencialitat propia del cuerpo de Agentes Rurales y poder valorar la inseguridad en las actuaciones de una manera objetiva. Los datos registrados indican que en dos años no ha habido ninguna agresión física en los agentes pero si 30 amenazas. De estas, 18 fueron en el 2017 con más de 120.000 actuaciones de las cuales 55.000 fueron inspecciones. La cifra se redujo el año pasado hasta los 12 incidentes con más de 110.000 actuaciones, de las cuales 51.000 fueron inspecciones.

Marc Costa ha explicado que la dirección general ha intentado reforzar la seguridad del cuerpo para intentar que no vuelvan a pasar unos hechos como los de Aspa. Lo han hecho en tres ámbitos; el primero el de la formación de todos los agentes en técnicas básicas de seguridad y autoprotección en el Instituto de Seguridad de Catalunya. En este sentido, se ha instruido a agentes rurales para que esta formación ''no sea sólo flor de un día'' sino que sea continuada. También se ha hecho una formación de ''defensa verbal'' a fin de que los agentes aprendan a utilizar el lenguaje delante ''eventuales situaciones conflictivas'', más allá del recurso físico.

Un segundo ámbito ha sido la modificación de todos los procedimientos del propio cuerpo referidos a aquellas funciones que son del ámbito ''más policial''. Costa recuerda que los Agentes Rurales hacen funciones de colaboración y gestión del medio pero a la vez de ''policía administrativa''. Es en este sentido, que se han cambiado muchos procedimientos para dárselos una visión policial.

El tercer ámbito ha consistido en dotar a todos los agentes de chalecos antibalas, y queda pendiente el del armamento que está sujeto a la tramitación del reglamento. Desde 2017 los Agentes Rurales que hacen inspecciones de caza trabajan en grupos de tres y llevan un arma larga de tipo carabinera. El cuerpo tiene una cincuentena de estas escopetas pero son muy antiguas y un año y medio después de pedirlo a la Guardia Civil ha autorizado su renovación.

Una vez se tengan las nuevas escopetas estas irán sujetas al reglamento de armas que Costa admite que ''se ha demorado más de lo que esperábamos'' porque se han tenido que rehacer memorias que ya se habían presentado. Se trabaja con el objetivo de poder tenerlo a información pública ''brevemente'' para poder aprobarlo a lo largo del 2019. El reglamento tiene que permitir determinar de qué armamento se tiene que dotar el cuerpo. Tanto armas de fuego como escopetas o pistolas como las defensas extensibles. También se determinarán las funciones que se tienen que hacer con este armamento. Costa recuerda que este reglamento es un despliegue de una disposición adicional cuarta que hay a la Ley de 2003 del cuerpo, o sea que ''todo eso ya se tendría que haber desplegado hace tiempo''.

La dirección general busca un consenso entre los Agentes Rurales sobre la implementación del armamento y las medidas de seguridad ya que la percepción de la inseguridad ''no es unánime'' entre todos los agentes y hay que la tienen más baja y de otros más alta. ''La mayoría aceptan las medidas adoptadas'', dice Costa, porque se ven como un paso adelante, aunque todavía falta una parte para llegar dónde se quería.