El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha citado como investigados al inspector al mando del operativo policial por el 1-O en la Escola Mediterrània y a un subinspector de la policía española por su actuación ese día en el centro, en el que hubo una treintena de heridos, al considerar que pudo ser "indiscriminada y desproporcionada".

En el auto, el juez cita a los dos policías para el 5 de septiembre a las 10.30h porque, con su actuación, pudieron incurrir en una infracción penal con una "actuación policial claramente injustificada o carente de proporcionalidad alguna". Según describe el magistrado, "a diferencia de otros colegios donde ocurrieron hechos similares, en este caso se observa cómo los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta".

La situación fue en aumento "hasta el punto de observarse a personas empujadas al suelo, una persona con la cabeza ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas", prosigue el juez.

A su entender, no puede apreciarse en la actuación, a través de todas las imágenes recopiladas en la investigación, "la proporcionalidad exigida en el actuar, en el conjunto, de los agentes policiales". "Esta actuación directa contra las personas congregadas, que no tenían ninguna obligación de saber qué estaba ocurriendo ni lo ordenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), provocó que en este colegio hubiera un elevado número de personas heridas", sostiene.

El magistrado hace especial hincapié en la actuación del subinspector investigado, que en una actuación "especialmente grave" se le ve en estado de agitación, golpeando con su defensa en la cara a personas ya desalojadas, pateando a una persona en el suelo.

Investigación interna

El abogado Andrés García Berrio, del Centro para la defensa de los derechos humanos Irídia, que representa a cuatro afectados en esta causa, ha considerado que la decisión judicial es una buena noticia porque permite investigar los hechos en profundidad, y demuestra que ese día hubo "una situación muy grave".

García, que considera que éste "es un primer paso de reparación para todas las víctimas del 1-O", ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que abra investigación interna en la policia española para depurar responsabilidades.