El primer desahucio de un vecino del bloque ubicado en el número 14 de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona, se ha aplazado finalmente gracias a la presión vecinal. La comitiva judicial ha llegado al inmueble a las diez de la mañana y después de negociar con el inquilino afectado, Txema Escorsa, el Sindicat de Llogateres y los servicios de mediación del Ayuntamiento de Barcelona, se ha llegado a un acuerdo para aplazar el desahucio hasta el 15 de abril. Todo ello a la espera de la mediación que el síndic de greuges de Barcelona ha accedido a llevar a cabo para que los vecinos y la propiedad, el fondo extranjero New Amsterdam Developers (NAD), lleguen a una solución. Centenares de personas se han concentrado este miércoles por la mañana en torno al inmueble para detener el desahucio. 

Tanto el Govern como el Ayuntamiento de la capital catalana han expresado su rechazo al desahucio, que responde a la intención de la propiedad de vaciar el edificio para convertir los pisos en colivings. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su oposición frontal. En un inusual posicionamiento explícito sobre la cuestión publicado en sus redes sociales, el jefe del Govern ha denunciado las "actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio" por parte de la propiedad del edificio y ha avisado de que no lo permitirán "en ninguna ciudad de Catalunya". Illa ha avanzado que la administración pública está actuando contra las iniciativas "ilegales" del fondo extranjero que adquirió el edificio y ha anunciado que se han activado "todos los mecanismos legales" para proteger a los vecinos.

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Centenares de personas se movilizan para evitar el desahucio en la calle Sant Agustí / ACN

Poco después, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciado que se abrirán expedientes contra la empresa propietaria del edificio. La consellera ha explicado en declaraciones a RAC1 que este martes se hizo una inspección en el bloque y se ha detectado que "puede haber incumplimiento de la normativa" porque el precio de la suma de las habitaciones supera el tope de alquiler de la vivienda que marca la ley. Paneque ha apuntado que se podría tratar de una falta grave, lo que implicaría una multa de un mínimo de 90.000 euros para cada una de las 23 viviendas del inmueble. "Pensamos que este tipo de prácticas no solo no incumplen la ley sino que no son bienvenidas en Catalunya (…) Con las herramientas que tenemos y el marco normativo vigente, aplicaremos todos los mecanismos que tenemos", ha avisado la portavoz del Govern, aunque ha admitido que la administración "puede hacer lo que puede hacer" ante una comitiva judicial.

El Ayuntamiento de Barcelona pidió este martes a la empresa propietaria del inmueble que detenga el desahucio. El comisionado de vivienda del gobierno local, Joan Ramon Riera, ha expresado su "rechazo frontal" a una práctica "especulativa" que ve "inadmisible". Desde el consistorio dirigido por Jaume Collboni aseveran que estas acciones "no son bienvenidas" en la ciudad y han avalado una mediación a través del síndic de greuges. El comisionado señaló este martes que en octubre contactaron con NAD para “confrontar que las viviendas se tenían que destinar a uso residencial”. De hecho, el Ayuntamiento ha multado hasta seis veces los colivings de este bloque de Gràcia y la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, afirmó el año pasado que mantienen un pulso con la propiedad que están "dispuestos a ganar".

Txema Escorsa, profesor, 31 años, el primer vecino afectado

Más de 200 personas se han concentrado este miércoles por la mañana en el exterior del bloque de pisos afectado para evitar el desahucio de un primer vecino, un profesor de instituto de 31 años llamado Txema Escorsa. El fondo extranjero New Amsterdam Developers (NAD) adquirió la finca en 2023 y ha optado por no renovar los alquileres de los residentes, según denuncian los vecinos afectados. Tanto el vecino como el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d'Habitatge de Gràcia denuncian que la empresa tiene el objetivo de vaciar el bloque, hacer obras y convertir los pisos en colivings, con habitaciones que se alquilarían por unos 950 euros. Según explican, cada inmueble tiene tres habitaciones, hecho que supondría cerca de 3.000 euros por vivienda. Hace tres años, en este edificio vivían once familias y ahora quedan cinco. Las asociaciones por el derecho a la vivienda insisten en que tanto Escorsa como el resto de vecinos afectados han intentado negociar sin éxito con la propiedad. Reiteran su disposición a encontrar una solución pactada con la mediación del síndico de agravios de Barcelona que permita que ningún vecino tenga que marcharse.