El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su oposición frontal al desahucio de los vecinos del bloque del número 14 de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia para hacer colivings. En un inusual posicionamiento explícito sobre la cuestión publicado en sus redes sociales, el jefe del Govern ha denunciado las "actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio" por parte de la propiedad del edificio y ha avisado que no lo permitirán "en ninguna ciudad de Catalunya". Illa ha avanzado que la administración pública está actuando contra las iniciativas "ilegales" del fondo extranjero que adquirió el edificio y ha anunciado que se han activado "todos los mecanismos legales" para proteger a los vecinos.

Poco después, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciado que se abrirán expedientes contra la empresa propietaria del edificio. En una entrevista a RAC1, Paneque ha explicado que este martes se hizo una inspección al bloque y se ha detectado que "puede haber incumplimiento de la normativa" porque el precio de la suma de las habitaciones supera el tope de alquiler de la vivienda que marca la ley. La consellera ha apuntado que se podría tratar de una falta grave, lo que implicaría una multa de un mínimo de 90.000 euros para cada uno de las 23 viviendas del inmueble. "Con las herramientas que tenemos y el marco normativo vigente, aplicaremos todos los mecanismos que tenemos", ha avisado la portavoz del Govern.

Preguntada por el desahucio en marcha, la portavoz del Govern ha dicho que la administración "puede hacer lo que puede hacer" ante una comitiva judicial. "Pensamos que este tipo de prácticas no solo no incumplen la ley sino que no son bienvenidas en Catalunya. El síndic de Barcelona quiere hacer de mediador en esta situación y fuera bueno que hubiera margen de negociación con la empresa propietaria", ha añadido Paneque.

También se opone el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio que dirige Jaume Collboni pidió este martes a la empresa propietaria del inmueble, el fondo extranjero New Amsterdam Developers (NAD), que detenga el desahucio. El comisionado de vivienda del gobierno local, Joan Ramon Riera, ha expresado su "rechazo frontal" a una práctica "especulativa" que ve "inadmisible". Desde el consistorio aseveran que estas acciones "no son bienvenidas" en la ciudad y han avalado una mediación a través del síndic de greuges. El comisionado señaló este martes que en octubre contactaron con NAD para “confrontar que las viviendas se tenían que destinar a uso residencial”. De hecho, el Ayuntamiento ha multado hasta seis veces los colivings de este bloque de Gràcia y la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, afirmó el año pasado que mantienen un pulso con la propiedad que están "dispuestos a ganar".

Unas 200 personas tratan de evitar el primer desahucio

Más de 200 personas se han concentrado este miércoles por la mañana en el exterior del bloque de pisos afectado para evitar el desahucio de un primer vecino, un profesor de instituto de 31 años llamado Txema Escorsa. El fondo extranjero New Amsterdam Developers (NAD) adquirió la finca en 2023 y ha optado por no renovar los alquileres de los residentes, según denuncian los vecinos afectados. Tanto el vecino como el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia denuncian que la empresa tiene el objetivo de vaciar el bloque, hacer obras y convertir los pisos en colivings, con habitaciones que se alquilarían por unos 950 euros. Según explican, cada inmueble tiene tres habitaciones, lo que supondría cerca de 3.000 euros por vivienda.

Hace tres años, en este edificio vivían once familias y ahora quedan cinco. Una de las vecinas que continúa en el bloque tiene un contrato de renta antigua. Prácticamente diez meses después de enterarse de la venta, aparecieron anuncios en los portales inmobiliarios con ofertas para alquilar las habitaciones a 930, 915 y 800 euros en pisos que se habían alquilado a poco más de 700 euros. Las asociaciones por el derecho a la vivienda insisten en que tanto Escorsa como el resto de vecinos afectados han intentado negociar sin éxito con la propiedad. Reiteran su disposición a encontrar una solución pactada con la mediación del síndic de greuges de Barcelona que permita que ningún vecino tenga que marcharse.