Jueces por la Democracia (JpD) ha denunciado hoy que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo han discriminado por razón de sexo a la magistrada Àngels Vivas Larruy al no nombrarla presidenta de la Audiencia provincial de Barcelona, y cree además que ha sufrido una "purga ideológica", ya que Vivas es uno de los 33 juristas catalanes en favor del derecho a decidir.

De hecho, el Supremo señaló a la magistrada catalana Àngels Vivas, que "nadie la obligó a bajar a la arena política". "Nadie obliga los jueces y magistrados a expresar públicamente sus opiniones sobre cuestiones socialmente controvertidas, ni menos todavía sobre iniciativas políticas de muy dudoso encaje constitucional", aseguró el Supremo al rechazar el recurso de Vivas sobre el nombramiento.

Ante este hecho JpD ha hecho público un comunicado en que recuerda que el nombramiento de Antonio Ramón Recio Córdoba como presidente de la Audiencia Provincial según acuerdo del Pleno del CGPJ "se adoptó sabiendo que Àngels Vivas es mucho más antigua en el escalafón y con más méritos que el magistrado finalmente nombrado y, como deja vislumbrar el voto particular que se formula en la sentencia, en clara vulneración del principio de no discriminación en razón de sexo porque no se justificó la preferencia del magistrado elegido en este supuesto".

Acto discriminatorio

JpD explica que "el Tribunal Supremo no sólo no restaura a Àngels Vivas en sus derechos anulando el acto discriminatorio que ha sufrido sino que además le reprocha el haber suscrito un manifiesto en el cual, como jurista, expresó una opinión jurídica sobre el encaje constitucional del derecho a decidir del pueblo de Catalunya". Añade que todo eso aunque el CGPJ "no efectúa análisis alguno sobre este aspecto precisamente porque la jurisprudencia constitucional lo prohíbe".

Esta asociación judicial ve "llamativo que la sentencia del Tribunal Supremo señale a los miembros de la carrera judicial por su ideología política sin que lo haya hecho el órgano fiscalizado, el CGPJ". "Es inadmisible que se legitimen las purgas ideológicas cuando ni siquiera el órgano que efectuó el nombramiento, el CGPJ, lo había hecho", insiste.

JpD reclama medidas para que las magistradas, "actualmente infrarrepresentadas en los cargos discrecionales, no sean discriminadas en los nombramientos y exista una presencia equilibrada de las mismas equivalente al 52 por ciento de su presencia en la carrera judicial".