Los testigos vinculados a la Conselleria d'Ensenyament han confrontado las dos versiones que flotan hoy en el ambiente del juicio por el 9-N a Artir Mas, Joana Ortega y Irene Rigau.

Mientras un inspector y una directora de instituto aseguran que se forzó a los responsables de los centros a abrir los edificios para hacer la votación, otra directora, otro inspector y la directora de Serveis Territorials aseguran que todo se hizo voluntariamente, sin vehemencia en ningún momento, tal como ha apuntado el fiscal Emilio Sánchez Ulled que ha incidido hoy en el hecho de si se pusieron por escrito las órdenes, de si se obligó a ceder los locales y si realmente la petición se podía acoger al uso social o no de los edificios.

La directora de Serveis Territorials de Barcelona, Montserrat Llobet, con un testimonio disperso y en algún momento contradictorio, al final ha dejado claro que "la Generalitat puede hacer el uso de los institutos que le parezca". Ante la presión del fiscal ha llegado a decir que la petición de los centros no se acogía al uso social, que se ha defendido hasta ahora. Sí que ha reconocido el uso social, en cambio uno de los inspectores que alertó de la consulta a sus jefes del estado, Jesús Rull, ha dicho que el proceso participativo "fue llevado por voluntarios, no implicaba ni la autoridad ni funcionarios públicos. Y se sitúa en el uso social de las instalaciones".

"Había algún centro que vino a dejar las llaves al registro o a secretaría. No le puedo asegurar qué trabajador de comarcas lo recogió. Y seguramente le debió hacer una nota conforme dejaba las llaves allí", así ha explicado Llobet que hubiera un recibo de cesión de llaves sin firmar pero con el sello del departament. Un documento que los inspectores acabaron enviando a sus superiores como prueba contra la consulta.

Llobet ha calificado de "anecdòtico" que sólo un instituto, de los más de 50 de la zona, se negara a abrir y otro entregara las llaves para que abrieran a los voluntarios. Aunque ha admitido uno rifirrafe con Dolores Agenjo, la directora del IES Pedraforca de l'Hospitalet: "Le pedí las llaves y me dijo que no". Llobet ha explicado que Agenjo le pidió que le pusiera por escrito la petición "para llevarla a la Delegación del Gobierno". Agenjo declara también hoy como testigo.

La directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona que cedió las llaves ha negado presiones: "Presión hubiera sido obligarnos a abrir". Josefa Bosch, ha lamentado también que uno de los inspectores, Josep Alsina, le pidiera el recibo de cesión las llaves y que después el documento acabara haciéndose público a la prensa.

"Se estaba forzando a los directores de los centros a ceder los locales"

Josep Alsina, uno de los inspectores de Enseñanza que declara al juicio como testigo, asegura que "se estaba forzando a los directores de los centros a ceder los locales sin saber exactamente como".

Contradice así la declaración de ayer de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau que ayer aseguró que "sería una contradicción, un movimiento que se hace con voluntariado que hubiera coacción".

Josep Alsina, uno de los dos inspectores de la Conselleria de Enseñanza que denunció que el departamento convocó reuniones con directores de instituto para solicitarles que facilitaran el acceso a sus locales para la votación del 9-N. En este sentido, ha explicado que en una reunión la directora territorial de Barcelona, Montserrat Llobet, explicó a los directores cómo tenían que ceder los centros y dio tres opciones: "Que se hicieran cargo como directores de todos los centros, que buscaran voluntarios entre el profesorado o que dieran las llaves para que los servicios territoriales buscaran a un voluntario que abriera el instituto" el 9-N.

El roce entre las defensas, el testigo y Barrientos

"No soy jurista, soy licenciado en Ciencias Matemáticas, pero para mí no hay duda". Alsina ha hecho valoraciones legales durante su testigo, un hecho que ha provocado la carga de las defensas al desacreditar sus conocimientos legales. El abogado de Ortega lo ha aleccionado explicándole que la ley a que ha hecho referencia durante toda la declaración "permite actos escritos y verbales", ya que el testigo ha cuestionado que la Generalitat no pidiera por escrito la cesión de los institutos.

El abogado de Rigau, Jordi Pina, ha estado más contundente y ha acabado provocando la irrupción del presidente del tribunal Jesús María Barrientos que ha protegido al testigo a quien ha llegado a aconsejar que no responda.

Pina: ¿"La Generalitat puede pedir a las direcciones de las escuelas utilizar los centros?"

Alsina: "Sí, sí. Es una situación bastante frecuente. Fuera del horario escolar, hace uso del edificio."

Pina: ¿El 14 de octubre escuchó que el Molt Honorable salió públicamente y dijo con el tono de propietario que estos locales serían suyo del proceso participativo del 9-N? ¿Esta manifestación del presidente fue una manifestación oral, lo recuerda"?

Alsina: "Sí, claro"

Pina: ¿"Le consta por conocimiento que el 31 de octubre el abogado del estado presentó al TC una impugnación de actuaciones a la Generalitat sobre la consulta que versa sobre la base de manifestaciones públicas y orales y que ha desarrollado en la demanda de amparo"?

Barrientos: "No conteste. ¿Quiere formular la pregunta cono claridad? (en Pina)."

Alsina: "Yo tengo conocimiento de eso de manera tangencial."

Pina: "Qué tiene de relativo el sistema educativo que el Govern de la Generalitat diga que los centros propiedad de él serán suyo de un proceso participativo."

Barrientos: "No responda".