El empresario hotelero Joan Gaspart ha negado haber ocultado una deuda de 15 millones de euros a la sociedad del príncipe saudí Turkin Bin Nàsser. Ante el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, el expresidente del FC Barcelona ha asegurado este lunes que no se produjo ningún "engaño" y que Barcelona Project's -la empresa de Bin Nàsser- era conocedora de los impagos contraídos con la Seguridad Social cuando Gaspar gestionaba el Complejo Real, propiedad del príncipe saudí.

En la querella interpuesta por Barcelona Project's, se acusa a Gaspart y a sus empresas Hosteleria Unida (HUSA) y Banquetes Reunidos SL de ocultar unas deudas de 15 millones de euros con la Seguridad Social cuando el empresario se encargaba de la gestión del hotel Juan Carlos I y del Palacio de Congresos, que se agrupan dentro del conocido como Complejo Real.

El príncipe saudí también acusa al empresario de haber puesto el Palacio de Congresos como garantía de un préstamo de 1,6 millones sin el consentimiento de sus propietarios.

Este lunes también han declarado en calidad de investigados dos hijos de Gaspart, Juan y José, sobre los cuales también se dirigía la querella contra el empresario hotelero, que fue presidente del FC Barcelona entre el 2000 y el 2003 y actualmente es vicepresidente para Asuntos Internacionales e Institucionales de la Real Federación Española de Fútbol.

El letrado de la acusación ha pedido que se acuerde una fianza a Gaspart por un valor de 16,6 millones de euros, correspondientes a las deudas de 15 millones de euros supuestamente ocultados más el importe presuntamente estafado mediante una hipoteca solicitada por 1,6 millones y apropiada indebidamente.

Omisión de información

Para llevar a cabo esta ocultación de los impagos, Gaspar utilizó, según la querella, un acuerdo de resolución de contrato donde se fijaba un precio "en que de ninguna manera habría estado lo mismo de no haber existido el engaño omisiu". "Es decir, los querellados ocultaron dolosamente las deudas contraídas con la Seguridad Social para, con evidente ánimo de lucrarse, pactar un precio al acuerdo contraído con la querellada en perjuicio de esta última, acuerdo que nunca habría sido alcanzado de no haberse ocultado la existencia de las mencionadas deudas", apunta la querella.