"Soy el colegiado 12.784 del Icab, uno más entre vosotros." Esta frase se incluye en la presentación de Jesús M. Sánchez García (Barcelona, 1956.), como nuevo decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), al asumir el cargo el 19 de enero pasado, en relevar a su amiga Maria Eugènia Gay, al ser nombrada delegada del Gobierno en Catalunya. Anteriormente había esta vicedecano y secretario de la junta de esta corporación que tiene 25.000 colegiados. Sánchez lo es desde el 1983."No me digas decano, soy Jesús", dice a los trabajadores de la casa, y donde antes como vicedecano y ahora como decano asegura que mantiene "la puerta siempre abierta" del despacho a todo el mundo. La muestra evidente que trabaja en equipo son las dos fotos que tiene en el despacho de decano: una, la foto de familia de la junta de gobierno del Icab escogida el 2017, y la segunda de la junta ganadora el 2021. Le gusta la formación y participar en conferencias, tarea que no quiere dejar de realizar por toda España, a pesar de su nuevo cargo. Con los paseos marítimos por Sitges, donde vive, desconecta y ordena ponencias mentalmente. Sánchez ha participado en propuestas legislativas como la Ley catalana 4/2016, de protección en la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, o la Ley española 5/2018, de modificación de la Ley de Enjuiciamento Civil en relación con el ocupación ilegal de viviendas. Además, mantiene el despacho profesional, donde trabaja su hijo, "trabaja mucho, pero con la única pega que es culé", dice socarrón Sánchez, que es del Español.
¿Cuál es el primer cambio que hizo al ser nombrado decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, el 19 de enero pasado?
"Ni uno porque la junta es la misma. Es una junta de continuidad, que está muy orgullosa de la decana emérita Eugènia Gay y de su tarea. Somos un equipo. El hecho de que sea el nuevo decano no cambia en nada nuestro programa. El decano ejecuta con el resto del equipo el programa que presentó a las elecciones. Y estamos trabajándolo. La diferencia entre un equipo de gobierno y un decano de un colegio profesional como el Icab es que el primero designa a sus ministros, pero nosotros nos presentamos en una lista abierta y somos escogidos democráticamente por nuestros compañeros. Y, mi voto vale igual que cualquier compañero de la junta. Por eso, es tan importante tener un buen equipo, que trabaje con ilusión y para desarrollar lo mejor para nuestros compañeros colegiados y para hacer la función social que nos corresponde como abogacía."
En la festividad de Sant Raimon de Penyafort, afirmó que las tasas judiciales que se recaudan en Catalunya tienen que revertir en Catalunya y en la administración de Justicia.
No es que lo diga yo, lo dice la ley. La ley 10/2012, que incluía las tasas judiciales, con el ministro Ruíz Gallardón, toda la abogacía catalana y la española nos opusimos frontalmente porque afectaba a las personas a acceder a la justicia, y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. El entonces ministro de Justicia explicaba en el Congreso que defendía aquel proyecto legislativo de las tasas porque revertiría en la administración de Justicia y en la justicia gratuita. Y eso nunca se ha cumplido. ¡El decano de Terrassa en una entrevista reivindicaba esta reversión de las tasas, que se recaudaron 300 millones y a Catalunya entre el periodo 2013 en el 2019 le tocarían 60 millones de euros! La Administración de Justicia es importantísima porque sin una buena administración de justicia hay carencia de democracia. Ahora se recaudan las tasas a personas jurídicas, pero sigue siendo una partida importante. Es un mandato que está en la propia ley que no se cumple, esté quien esté en el gobierno, el PP o ahora el PSOE. "
Destinar las tasas judiciales a la justícia es un mandato de la própia ley. Y, no se cumple, esté quien esté en el gobierno: el PP o ahora el PSOE
En todas las administraciones, justicia es el área que menos recursos recibe.
"Siempre se ha dicho que la justicia es la hermana pobre de la política. No les interesa y es muy triste porque la justicia y la seguridad jurídica es muy importante en un país."
Sánchez en la biblioteca del Colegio de la Abogacía de Barcelona: Montse Giralt
Precisamente, desde la Abogacía de Barcelona han hecho un gran reclamo para que la nueva ley de la Segunda Oportunidad para personas que se declaran en bancarrota siga la doctrina europea y se pueda exonerar la deuda pública. ¿Porqué el Gobierno no lo recoge?
El legislador aprovechando que se tiene que trasponer la normativa europea, va más allá y hace un cambio muy importante del crédito público. La Segunda Oportunidad es para personas físicas que están en una situación de exclusión social y vulnerabilidad, que lo están pasado muy mal, y desgraciadamente esta situación la están sufriendo muchas familias desde el 2008, y ahora parecía que salíamos de la crisis y ahora nos viene la pandemia y nos viene otra crisis económica, que seguiremos sufriendo con el drama bélico actual. La insolvencia provoca frustración a la persona y tener un instrumento jurídico que permita que las personas puedan volver otra vez al mercado, a la economía, es importante. El Tribunal Supremo, con la resolución del magistrado Ignacio Sancho Gargallo del 2019, había delimita muy bien la exoneración del crédito público."
¿Y qué pasa ahora?
"Y ahora lo que quieren es dejar fuera esta doctrina del Tribunal Supremo y no permitir casi la exoneración del crédito público, y lo que pedimos desde toda la abogacía es que el legislador tenga sensibilidad social en esta materia, porque hablamos de personas. Y en verdad, el crédito público de estas personas son cuatro euros. Son personas y cuando hablamos de personas son derechos fundamentales. Por eso pedimos al legislador y a los partidos políticos sensibilidad social. Curiosamente, la mayoría de partidos políticos están con nosotros..."
¿Entonces, quien se opone? ¿Hacienda?
"Sí, el Ministerio de Economía."
Pedimos al legislador y a los partidos políticos sensibilidad social y que se permita la exoneración de la deuda pública, como decía el Supremo y la normativa europea
¿La ley de la vivienda aprobada esta semana por el Parlamento de Catalunya es la solución a la crisis habitacional?
"No, no es la solución. Siempre lo denuncio. En este país ninguna comunidad autónoma llega al 3% de inversión en vivienda social, mientras que la media en Europa está en el 15%; en París es de un 18%. Tenemos que aplaudir la gran tarea de la secretaría de Vivienda, con Carles Sala, que ahora busca soluciones imaginativas para conciliar situaciones entre arrendadores propietarios y el arrendatario y personas vulnerables. Siempre hace falta inversión, como ahora se empieza a hacer. Las leyes no sirven de nada si no van acompañadas de una buena dotación presupuestaria. Quien tiene que ayudar a las familias vulnerables es la administración pública. "
El decano del Icab, en su despacho: Montse Giralt
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona también se potenció que se endureciera la sanción de las ocupaciones ilegales.
"Sí, sin lugar a dudas. Quiero aclarar que la ley 5/2018 para evitar las ocupaciones la impulsamos desde esta casa, y con la intervención del catedrático Vicente Pérez-Daudí. Allí ya denunciábamos que no era un problema de ocupaciones ilegales sino un problema de ocupaciones delincuenciales. Primero hubo un tema de reivindicación social que fue bueno porque sensibilizó a los políticos y a todo el mundo. El abogado Martí Batllorí hizo una gran tarea en el trabajo de la ILP que dio paso a la ley 24/2015, juntamente con la PAH cuando estaba Ada Colau. Sin embargo, ahora lo que se ve es que detrás de las ocupaciones hay mafias, y en un estado de derecho no pueden estar."
Ahora lo que hay detrás de las ocupaciones de viviendas son mafias delincuenciales, y en un estado de derecho no se puede permitir"
Hay abogados, sin embargo, que lamentan que las ocupaciones han vuelto al ámbito penal y que hay casos de real necesidad de familias.
"Para mí, el tema de las ocupaciones tendría que estar en la vía administrativa, no en la penal, pero lo que hace falta es que haya una medida cautelar inmediata de desalojo si no se demuestra una relación contractual. Otra cosa es el allanamiento de morada, recogido en el Código Penal, y te tienen que devolver la casa de forma inmediata. Hay países que esto se resuelve por parte de la policía, no llega a los juzgados. Es una tema de seguridad jurídica. Ahora, la directriz de fiscalía es pedir medidas cautelares y vaciar el piso. Hace unos años, el alcalde de Vilafranca te explicaba el drama de las ocupaciones, y también en el Maresme. Hay que ayudar a todas las familias que tienen necesidad, pero no se pueden permitir las mafias. La ley 5/2018 surge y la trabajamos desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona a raíz de una petición de la administración catalana, de la entonces consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y del conseller de Justicia, Carles Mundó, que tenían un drama con expedientes de asignación de viviendas, que no podían entregar a personas vulnerables porque estos estaban ocupados ilegalmente. Hay que explicarlo todo. Ahora, siempre insisto en que hay que hacer las dos medidas al mismo tiempo: Ampliar la oferta de vivienda social y luchar contra las mafias. Una necesita la otra."
Otro problema actual son las denominadas tarjetas Revolving, de créditos al consumo, con unos intereses elevadísimo, de usura. Usted ha sido muy crítico con el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa?
"Hemos tenido una revolución sustantiva y procesal en este país gracias a los votos particulares del magistrado Javier Orduña, cuando estaba en la sala primera del Tribunal Supremo. Y la crítica al Tribunal Supremo es que ha aplicado a un mercado financiero una ley de usura que es de 1908, del caso por caso, con un aspecto subjetivo. Por cierto, en Catalunya el Código Civil, a finales del siglo XIX, se basa en una libertad absoluta de contratación y lo que diríamos liberalismo económico, que no significa lo mismo que actualmente. En el Código Civil de 1960 se incluye la lesión en el precio, cuando se vendía por encima del doble del precio, y que ahora se mantiene en el libro sexto, pero en el Código Civil español no se regula y no se podía sancionar. Gumersindo de Azcárate, estudioso del derecho, trabajó e hizo que se aprobara la ley de usura en aquel contexto histórico de 1908, que luchaba contra los especuladores, en los contratos inmorales y de aprovechar la angustia de las personas, del caso por caso.
¿Y ahora?
"Aquí, ahora la media de los intereses de los crédito revolving está en un 18%, y la media de Europa en un 16 y 17; no estamos tan lejos. Este es un mercado que se basa en la normativa europea y con la contratación de consumo. Y el Supremo dicta una sentencia en el 2015, que se aparta de la doctrina que mantenía hasta ahora, del caso por caso, y lo aplica de forma generalizada. Y allí mantiene la tesis que cuando se supere el doble del tipo medio, se considera que es usura. El problema es que entonces el Banco de España no tenía un baremo de la media del crédito revolging, todo estaba junto en el crédito al consumo. Lo hace en el 2017 y la media entonces era del 20%. El 4 de marzo de 2020 llega la famosa sentencia Wizink, que se carga el elemento subjetivo y lo objectivitza. Y ahora ha provocado una bazar jurisprudencial por no haber delimitado adecuadamente el parámetro que tiene que servir para fijar què es usura. El Supremo sin quererlo se ha convertido en un controlador de precios y eso no lo puede hacer, lo tiene que hacer el legislador. La sentencia está bien y es clara, pero hay tribunales que no lo entienden y hay disparidad de criterios por toda España. El Supremo dice: el 20% ya es muy alto, si aplico la doctrina del doble, que se hace en créditos normales, vamos a un 40%, en un tipo del 20, y el tribunal passa del doble al tercio. Francia tiene regulado el 30%, Portugal tiene el 25%, i en Europa la media és del 30%. La sala primera del Supremo no delimita esta horquilla de forma clara y entonces hay diferentes resoluciones. Cantabria dice que todo lo que supere el 10% es usura, Badajoz, el 15%, Asturias, dos puntos, y Cádiz, si supera el 30% del tipo medio. Por suerte, cada vez hay más audiencias provinciales que mantienen esta tesis del 30%. Los tribunales no se pueden convertir en controladores de precios."
¿Quién lo tiene que hacer?
¡"El legislador! Es lo que le estamos pidiendo. Hubo una modificación de la orden ministerial, que tenía una oportunidad de oro para poder regularlo, pero desgraciadamente tenemos unos políticos que son incapaces de resolver un drama. Y ahora, en este país tenemos un bazar jurisprudencial, que es lo peor que le puede pasar a un ciudadano: la inseguridad jurídica. Un juzgado de Barcelona le dirá una cosa diferente a la de un juzgado de Granada o de Badajoz."
El decano en la espectacular biblioteca del Icab: Montse Giralt
Tenemos unos políticos que son incapaces de resolver un drama. Y ahora, tenemos un bazar jurisprudencial con respecto a qué porcentaje se considera usura en las tarjetas revolving
El catalán en la Administración de Justicia sigue siendo simbólico. ¿La abogacía tiene alguna solución?
"Desde la Abogacía catalana y de Barcelona se está trabajando mucho para implementar el catalán en la justicia. Como dice la consellera Ciuró es un derecho de las personas de poder expresarse en la lengua que quieran. Es un derecho fundamental. También se está potenciando que los escritos de los abogados sean en catalán, desde aquí lo coordina Frederic Munné con el resto de colegios catalanes."
¿Un tribunal y no un gobierno tiene que imponer el 25% de castellano en las aulas?
"Este es un tema político. Es un tema del legislador, los tribunales lo que hacen es interpretar una norma. Y si un ciudadano cree que una norma que se aplica no se ajusta a lo que dice la norma la puede recurrir. Aquí tenemos claro que el catalán es la lengua vehicular."
¿Como jurista, cree que Catalunya puede decidir su futuro?
"Desde la vertiente democrática y de acuerdo con la legislación vigente en su momento, los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a poder expresarnos. Parto de la premisa que el Estado está al servicio de los ciudadanos, no al revés. Soy un gran defensor de las personas y sus derechos. Para mí el eje es la defensa de los derechos individuales y de los colectivos. Por lo tanto, el poder expresarse y regular instrumentos que permitan que las personas se puedan expresar y dar su opinión es la esencia de un sistema democrático."
Regular instrumentos que permitan que las personas se puedan expresar y dar su opinión es la esencia de un sistema democrático
¿Qué opina del bloqueo en la renovación de los miembros Consejo General del Poder Judicial?
"Es una vergüenza que no se renueve el CGPJ porque los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo. Es inaceptable en un sistema democrático. Lo que querríamos es que escogieran los mejores, los más capacitados, los que conozcan los problemas de la justicia y aporten soluciones a la administración. No tengo ninguna duda que los jueces son totalmente independientes, y tienen total autonomia. Tenemos muy buenos magistrados, como hemos visto en el àmbito civil, donde el Supremo ha dictado sentencias pero tenemos a magistrados como Guillem Soler, que han ido a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque no estaban de acuerdo con la doctrina del Supremo o que iba en contra de la europea. Han sido valientes. Es una demostración su independencia."
¿Qué hay que hacer?
Una cuestión que clama el cielo es que estamos todo el día hablando de la igualdad y la paridad, y en la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, en la primera propuesta de los dos partidos mayoritarios eran cuatro hombres. No tengo ninguna duda que los cuatro juristas iniciales eran excelentes, sin embargo, ya va siendo hora de dar espacio a la mujer en el ámbito jurídico, que casi no existe. ¿Es normal que en el Supremo solo haya una presidenta de sala que es la sala cuarta? ¿O que en la sala primera del Supremo sólo haya una magistrada? En un cuerpo en que más del 60% son mujeres, hace falta sensibilidad. Soy un gran defensor de la igualdad, y de que tenemos grandes juezas y juristas, pero cuando miras arriba no las ves."
¿Y cómo se puede sacar la política de la justicia, y que no todo se convierta en querellas?
"Es un problema que no tenemos cultura de resolución de controversias. Este es un país que te peleas y vas deprisa al juzgado. Sólo hay que ver los programas de televisión cuando dicen: 'voy a ver a mis abogados.' ¡Pero si con uno ya tienen bastante! Es un reflejo de lo que es nuestra sociedad, no tenemos cultura de resolver los conflictos de forma alternativa, ya no de mediación. También lo vemos en la política, cualquier cosa que se discute rápidamente se denuncia a la fiscalía sin tener toda la información, o intentar resolver el tema antes de ir a fiscalía o al juzgado. Los políticos tendrían que dar ejemplo que la justicia tiene que ser la última ratio."
En política, cualquier cosa que se discute rápidamente se denuncia a la fiscalía sin tener toda la información o sin intentar resolver el tema antes. Los políticos tendrían que dar ejemplo que la justicia tiene que ser la última ratio
La comisión de derecho Constitucional emitió un comunicado sobre la resolución del 25% del castellano en las escuelas, que ofendió a otros colegiados, catalanes e independentistas, y se pedía la intervención de la entonces decana.
"Siempre lo hemos dicho públicamente y desde el 2017 que somos una junta muy plural. Una de las grandes virtudes de esta casa es que su motor son las secciones y las comisiones, que tienen libertad de cátedra para opinar y además está en los estatutos. Los representantes de estas comisiones pueden decir lo que crean conveniente y nosotros tenemos que respetar su opinión, porque eso es la esencia de una democracia. Lo que dicen no es el sentir de la junta, pero forma parte de la libertad de expresión y de opinión. Nos tenemos que entender, hablar con libertad y hablar sin miedo. Lo que no es normal es que uno opine una cosa, y que otro, otra y acabes a bofetadas. Somos un colegio plural y tenemos que respetar la opinión de todo el mundo. Y a pesar de las redes sociales."