Más control a los agentes de seguridad privada para que respeten los derechos humanos. Es lo que reclama la entidad Irídia al asegurar que ha constatado un aumento “de actuaciones desproporcionadas” por parte de agentes de seguridad privada en Cataluña. Detalla que a través del Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) recibieron 9 denuncias contra vigilantes privados el año pasado, de las cuales 6 tuvieron lugar en estaciones de transporte público, (3 de metro y 3 de Renfe). En dos de los casos la persona afectada era menor de edad y en 6 de los 9 se alega que hubo un componente de discriminación (5 por racismo y 1 por discapacidad). En 3 de los casos, además, se llevó a cabo "una detención ilegal de la persona" y en 4 casos las lesiones físicas o afectaciones psicológicas "fueron graves". Esta irregularidad es recogida en el Informe sobre violencia institucional de 2021, elaborado por la entidad de derechos humanos, y que esta mañana presenta la codirectora de Irídia, Anaïs Franquesa, junto con abogadas del centro. También intervendrá Fàtima, afectada por la actuación de dos vigilantes en un centro comercial el verano pasado.

La seguridad privada se ha expandido a muchos espacios públicos, en los que las administraciones han "externalizado" esta tarea. Irídia precisa que, según el informe del síndic de Greuges de 2016, aquel año en Catalunya había 2.537 vigilantes de seguridad en activo trabajando para empresas de seguridad que prestan servicios de vigilancia. En comparación, había 16.600 efectivos de los Mossos d'Esquadra y 10.700 policías locales. Para Irídia, "la seguridad privada es un sector que puede afectar o interferir de muchas maneras con la garantía de los derechos de las personas", y añade que "la ciudadanía tiene que ver protegidos sus derechos, tanto cuando se relaciona con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son públicas por definición, como cuando se relaciona con algún servicio de seguridad privada". Por eso, precisa que "es indispensable que la administración asegure la transparencia en la normativa y regulación de la actuación de los agentes de seguridad privada y de las empresas y su contratación". Asimismo- indica-  que "resulta esencial que se  lleve a cabo la necesaria tarea de control y sanción en casos de mala praxis por parte de agentes de este ámbito". 

 

 

Control

Las competencias en materia de la seguridad privada se encuentran repartidas entre el gobierno estatal y autonómico. Ahora bien, Irídia afirma que las competencias relativas a la autorización, inspección, control y sanción de las actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en Catalunya y la incoación de los expedientes respeto actividades infractoras están cedidas a la Generalitat de Catalunya. Gran parte de la regulación sobre seguridad privada se centra principalmente en la externalización propiamente dicha, la contratación pública de las empresas proveedoras de este servicio, las condiciones laborales y la necesaria coordinación entre esta y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por contra, Irídia precisa que hay poca regulación sobre la actuación de los vigilantes privados. Por eso, Irídia propone que desde la Direcció General de Administració de Seguritat (DGAS) lleve a cabo una auditoría sobre los planes de prevención de delitos e infracciones (compliance) que tienen las empresas de seguridad privada que operan en Catalunya; evalúe el grado de cumplimiento de los derechos humanos por parte del personal de seguridad de las empresas de seguridad privada que operan a Catalunya; desglose para qué infracciones se han tramitado expedientes sancionadores contra agentes de seguridad privada y cuántos de estos han acabado con una sanción y de qué tipo en la memoria anual del Departamento de Interior, donde el año pasado se tramitaron 66 casos, pero no se dan detalles. Los vigilantes del metro también sufren agresiones​ por parte de algunos usuarios.

Franquismo

Con respecto al conjunto de su actuación, Irídia detalla que el año pasado recibió 161 solicitudes, de las cuales 62 eran por violencia institucional. Del total, ocho casos se han derivado a la vía judicial: un caso de torturas de la brigada Político-Social en la Jefatura de Via Laietana durante el franquismo, de la cual la entidad adelanta que pronto se presentará la querella; 2 corresponden a hechos sucedidos en manifestaciones; 4 en el espacio público, y uno en privación de libertad (en la prisión). Estos ocho casos se suman a los 60 que el servicio asumió como litigio entre el 2016 y el 2020. En los 56 casos restantes, se afirma que se han realizado tareas de asesoramiento y seguimiento jurídico, así como actuaciones psicosociales puntuales. Además, durante el año 2021 Irídia ha atendido 23 casos que han tenido lugar en el espacio público. De estos, 5 están relacionados con las medidas restrictivas aprobadas para controlar la pandemia de la Covid-19.

Con respecto al perfil de las 62 personas atendidas por Irídia por haber sufrido situaciones de violencia institucional, 24 eran mujeres, 34 eran hombres y 2 eran personas no binarias. Además, en dos casos se llevaron a cabo asesoramientos a colectivos. Entre estas personas hay 6 menores de edad; 19 personas de entre 18 y 34 años; 12 personas de entre 35 y 64 años; 2 personas de más de 65 años y, por último, 23 personas de las cuales no consta la edad, ya que fueron atendidas por teléfono.

Propuestas

En el exhaustivo informe se repasan las actuaciones polémicas y judicializadas de los cuerpos policiales, sobre todo de los Mossos, pero también se recogen las "buenas prácticas" de las administraciones, como que el Parlamento haya creado una comisión para debatir el modelo policial. Y también hay un apartado de propuestas a las administraciones, la fiscalía, el poder judicial y la abogacía. Una de las propuestas dirigidas al Govern es que se constituya una oficina especializada de atención a personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos en el marco del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, funcionarios de prisiones o efectivos de seguridad privada. Esta oficina tendría que garantizar una atención integral, que tenga en cuenta las múltiples afectaciones causadas por estas vulneraciones de derechos, y que promueva la reparación del daño causado, concluye Irídia.