La Intersindical-CSC ha alertado que si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declara ilegal la huelga del 8 de noviembre, convocada por este sindicato, afectará "gravemente al resto de agentes sociales". En declaraciones en el ACN, el vicesecretario general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha hecho un llamamiento a "ser conscientes" de la "gravedad" de que la cuestión llegue a los juzgados el próximo miércoles 28 de febrero, concretamente en la Sala Social del TSJC delante de la cual han sido convocados. La patronal Foment del Traball demandó al sindicato porque considera que el paro tenía "motivaciones políticas" y por lo tanto fue "ilegal".

Según Perelló, se está poniendo "en peligro un derecho fundamental cómo es el derecho de huelga" y ha advertido que la decisión del TSJC puede crear la jurisprudencia suficiente para que cualquier otra huelga convocada por sindicatos grandes, pequeños o colectivos de trabajadores sea ilegalizada bajo la acusación que es una huelga "política". Por otra parte, el vicesecretario general del sindicato ha dudado de la capacidad de la justicia española "para dilucidar cuestiones de derechos fundamentales" ante un contexto "de arbitrariedad en las decisiones judiciales" y de "vulneración de derechos".

"No las tenemos todas pero, sin embargo, el derecho a huelga es un derecho fundamental reconocido por el estado español", ha matizado Perelló. Por otra parte, el vicesecretario de la Intersindical-CSC ha recordado que Foment del Traball exige una indemnización de un mínimo de 100.000 euros por daños y perjuicios ocasionados en el tejido empresarial. Según ha explicado el vicesecretario general del sindicato, la sentencia podría abrir la puerta a que todo el mundo que se considere afectado por el paro del 8-N les reclamara indemnizaciones que podrían ser "cantidades astronómicas de millones de euros".

El sindicalista ha insistido que la Intersindical-CSC convocó el paro para protestar contra la precariedad laboral de la clase trabajadora; por las suspensiones de leyes del Parlamento de Catalunya que "intentaban paliar los efectos de la crisis" por parte del Tribunal Constitucional y en contra del decreto ley que facilitaba el traslado de sede social de empresas. "Hay una línea muy fina entre aquello social, político y económico", ha argumentado.